Al menos tres muertos en una nueva jornada de protestas en Myanmar: la ONU exigió la liberación de cientos de manifestantes atrincherados

Tres manifestantes murieron este lunes y unos 200 se encontraban rodeados por las fuerzas de seguridad en Myanmar, donde bancos, comercios y fábricas cerraron tras el llamado a reforzar la huelga para asfixiar a la economía y presionar a la junta militar.

Empleados públicos, agricultores y trabajadores del sector privado participaban junto a activistas en concentraciones en todo el país contra el golpe de Estado del 1 de febrero.

En Myitkyina (centro) hubo varias detonaciones e imágenes difundidas en las redes sociales mostraron manifestantes cubiertos de sangre.

“Dos hombres murieron” y otras personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de gravedad, dijo un socorrista. Una religiosa católica se arrodilló en plena calle y le suplicó a los policías que no dispararan, según imágenes difundidas por un medio local.

En Pyapon, ubicada a unos 100 km al sur de Rangún, capital económica, un hombre de 30 años fue alcanzado por una bala en el estómago y murió, informó un testigo, quien agregó que otros dos manifestantes fueron heridos de bala.

En Rangún, las fuerzas de seguridad mantenían rodeados a unos 200 manifestantes en un área del barrio Sanshaung, denunció la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien expresó preocupación por su seguridad y exigió que se les permita salir.

“Corren el riesgo de ser detenidos o maltratados. Instamos a la policía a que les permita marcharse de forma segura y sin represalias”, dijo la ex presidente chilena en Twitter.

En esa línea se pronunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien exigió la “liberación” de “cientos de manifestantes atrincherados en complejos de apartamentos residenciales” en Rangún, “de forma segura, sin violencia ni arrestos”.

“Muchas de esas personas atrincheradas son mujeres que querían manifestarse pacíficamente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer”, precisó Stephane Dujarric, portavoz de Guterres, ante la prensa.

“Pedimos a todos que respeten los derechos a la libertad de reunión y de expresión del pueblo de Birmania, que se manifiesta pacíficamente y expresa sus esperanzas y sus deseos para el futuro de su país”, añadió el portavoz.

La ONU teme que las fuerzas de seguridad birmanas vayan de casa en casa en busca de los manifestantes.

La Unión Europea reconoció en Twitter su “grave preocupación” por esta situación y ha pedido igualmente a las autoridades que pongan fin al bloqueo, en un mensaje similar al que también ha planteado en redes sociales la Embajada de Reino Unido en Birmania.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad allanaron la sede del medio de comunicación Myanmar Now y se llevaron ordenadores, servidores informáticos y una impresora, expresó a la agencia AFP su redactor jefe, Swe Win.

“Trabajamos con miedo. La irrupción en nuestra oficina confirma que la junta militar no tolerará en absoluto los reportajes sobres sus delitos”, señaló.

Más tarde le fue revocada la licencia de publicación a Myanmar Now, al igual que a los medios independientes Mizzima, DVB, Khit Thit y 7 Day, tras una orden del Ministerio de Información, según la emisora estatal MRTV.

En Rangún, las fábricas del sector textil, los centros comerciales, los bancos y los correos cerraron este lunes luego que nueve federaciones sindicales llamaron a “detener por completo y de forma prolongada la economía”.

La junta militar advirtió que serán despedidos quienes no se reincorporen al trabajo.

Minorías étnicas se sumaron a la protesta. Cerca de Dawei (sur), cientos de miembros de la etnia karen se manifestaron, pidiendo “terminar con la dictadura”. Numerosas mujeres marcharon en el Día Internacional de la Mujer.

Las fuerzas de seguridad se desplegaron en varios barrios de Rangún y ocuparon varios hospitales públicos. La ONG Physicians for Human Rights condenó esa acción y dijo estar “consternada por esta nueva ola de violencia”.

La junta advirtió que los diputados que no reconocen su legitimidad son culpables de “alta traición”, delito sancionable con la pena de muerte o 22 años de prisión.

Más de 50 muertos y 1.800 detenidos deja el golpe de Estado que derrocó a la Premio Nobel de la Paz de 1991. La junta cuestiona las elecciones legislativas de noviembre que ganó la LND y promete otros comicios pero no ha fijado una fecha.

Los medios de comunicación públicos niegan que la policía y el ejército estén implicados en la muerte de civiles y afirman que “tuvieron que contener los disturbios conforme la ley”.

Entretanto los militares hacen oídos sordos a las protestas de la comunidad internacional, dividida sobre la respuesta a la crisis. El Consejo de Seguridad de la ONU no alcanzó un acuerdo el viernes y seguirá los debates esta semana.

Con información de AFP

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