Corea del Norte forzó durante décadas a prisioneros de guerra surcoreanos y a sus descendientes a trabajar contra su voluntad en una amplia red de minas de carbón, denunció el miércoles una organización de defensa de derechos humanos.
Pyongyang nunca liberó a decenas de miles de prisioneros surcoreanos tras la Guerra de Corea (1950-1953). Estas personas fueron enviadas a minas de carbón y obligadas a trabajar en condiciones similares a la esclavitud, y sus hijos y nietos heredaron este brutal destino, detalló el informe de la Alianza Ciudadana por los Derechos Humanos en Corea del Norte (NKHR).
En la base de estos brutales mecanismos de segregación está el sistema conocido como “songbun”, el cual clasifica a los habitantes de Corea del Norte según sus orígenes sociales y políticos.
La absoluta lealtad a las autoridades norcoreanas es un factor crucial en este sistema y aquellos cuyos antepasados colaboraron con el enemigo japonés o fueron capitalistas figuran en el último lugar.
“Este sistema songbun se transmitió a sus hijos y nietos, que siguen trabajando en minas de carbón, plomo, zinc, magnesita y otros”, indica el informe de la ONG, que tiene su sede en Seúl. Esto les impide “cambiar de domicilio, de empleo o de realizar estudios superiores”, agrega.
Corea del Norte invadió el Sur en 1950 y, hasta el armisticio, cientos de miles de soldados fueron apresados a ambos lados de la Zona Desmilitarizada, que divide a ambos países.
Según la Convención de Ginebra de 1949, los países no pueden retener un prisionero de guerra tras el final de un conflicto, pero Pyongyang sólo ha permitido el regreso de 8.343 surcoreanos.
En 2014, un informe de la ONU estimó que al menos 50.000 prisioneros de guerra surcoreanos fueron retenidos en el Norte tras la guerra y que unos 500 seguían con vida.
Pero el gobierno de Seúl ignoró su calvario y fueron los olvidados de las cinco cumbres intercoreanas, afirmó a la AFP Joanna Hosaniak, autora del informe.
Corea del Norte, en contraste, afirma respetar los derechos humanos y haber devuelto todos los prisioneros de guerra.
Mientras tanto, esta semana Corea del Norte demandó que se le provean vacunas contra el covid-19 -pese a asegurar oficialmente que el virus no está presente en el país- y espera recibir cerca de dos millones de dosis, según la Alianza para la Vacunación (GAVI), miembro del programa de vacunas Covax de la Organización Mundial de la Salud.
Se trata de la primera confirmación oficial de que Corea del Norte pidió ayuda internacional vinculada a la pandemia. Sus infraestructuras sanitarias son consideradas totalmente insuficientes frente a un escenario global de semejante magnitud.
De hecho, un informe en diciembre aseguró que decenas de miles de personas habían muerto de COVID-19 en el país, confinados en campamentos secretos de cuarentena administrados por el régimen de Kim Jong-un. Un medio de comunicación especializado en Corea del Norte pero basado al sur de la frontera, Daily NK, afirmó que más de 50.000 personas murieron en las “instalaciones de cuarentena COVID-19” establecidas por el régimen del dictador norcoreano.
La publicación, dirigida principalmente por desertores norcoreanos conocidos por ser muy críticos con el régimen de Kim, afirmó que casi 4.200 soldados norcoreanos se encuentran entre los que han muerto en los supuestos campos, muchos de los cuales están dirigidos por los mismos militares.
Este no es el primer documento que hace referencia a los campos. En noviembre, un informe de la ONG Helping Hands Korea, con sede en Seúl y dirigido por el activista cristiano Tim Peters, refirió también a su existencia.
En una entrevista con el South China Morning Post (SCMP), Peters dijo que estaba “alarmado” la situación. Añadió que depende de las familias de los ciudadanos en cuarentena ir al borde de los campamentos y llevarles comida para mantenerlos con vida junto con cualquier otra ayuda relacionada con la salud que puedan reunir.
Con información de AFP
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