Mientras las cifras de víctimas fatales y los daños materiales producto de dos explosiones en el puerto de Beirut continuaban actualizándose en la noche del martes -73 muertos y al menos 3.700 heridos, según el último parte del ministerio de Salud- las autoridades de El Líbano comienzan analizar también las consecuencias estratégicas que podría tener para la economía el incidente de hoy. Estas, de hecho, se ven agravadas por la importancia de la zona en la materia.
Las explosiones destruyeron la reserva de trigo e inutilizaron el puerto, que, de acuerdo con analistas, podría tardar más de un año en volver a funcionar al mismo nivel de capacidad que antes de la exploción. La combinación de estos factores podría crear un riesgo alimenticio para el país, considerando su alta dependencia a la importación.
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El ministro de Economía libanés, Raoul Nehme, dijo a los medios locales que el trigo en los graneros portuarios de Beirut no se puede usar y que el ministerio perdió la pista de siete empleados en los graneros. Además, agregó que aunque existen más reservas de trigo, es probable que el país apele a las importaciones cuando estas se agoten.
La explosión y sus consecuencias agravan aún más la grave crisis económica que atraviesa El Líbano desde hace meses. El país declaró el primer default de su historia en marzo de este año, exacerbando el humor social negativo que imperaba en la sociedad y se veía reflejado en meses de protestas continuas contra la una dirigencia política extremadamente corrupta. El cóctel económico se vio complementado por una aguda devaluación seguida de hiperinflación.
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Las imágenes del día a día del país antes de la explosión también eran dramáticas. Todos los días surgían indicios de una crisis sin precedentes, con cortes de luz de hasta 20 horas diarias, montañas de basura en las calles y largas colas en las gasolineras.
La agencia AP también reportó despidos hospitales a punto de colapsar, negocios y restaurantes cerrados, delitos derivados de la desesperación, militares que ya no pueden darle carne a sus soldados y venta de pollos viejos.
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El ministro de relaciones exteriores había renunciado el lunes diciendo que la falta de visión y de voluntad para implementar reformas estructurales podían convertir al país en un “estado fallido”.
Otro indicio de la factibilidad del análisis del ex ministro lo ilustra la presencia de Hezbollah, la milicia que responde a los intereses de Irán y, además de apoyar al gobierno actual, administra una suerte de estado paralelo.
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La crisis actual, sin embargo, no viene de afuera. Es la culminación de décadas de corrupción de una clase política que saqueó todos los sectores de la economía y se enriqueció con el robo de miles de millones de dólares, al punto que se estima que la cifra representa la mitad de la deuda publica.

Por años el país evitó un colapso mientras acumulaba una de las deudas públicas más abultadas del mundo. Un sistema que permitía compartir el poder entre grupos sectarios asignaba cargos en base a la filiación política, no a las aptitudes del funcionario. Esto permitía a los políticos sobrevivir a partir del favoritismo y el clientelismo.
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“Uno de los problemas del Líbano es que la corrupción se democratizó, no se asocia con una sola persona. Está en todos lados”, dijo Marwan Muasher, vicepresidente del Carnegie Endowment for International Peace.
“Cada secta controla un sector de la economía y le saca dinero para mantener a la secta contenta”, expresó en una conferencia reciente del Centro para Políticas Globales.
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La situación estalló a fines del 2019, con una ola de protestas por la intención del gobierno de cobrar un impuesto a la aplicación WhatsApp. Fue la gota que colmó el vaso y que sacó a la luz el resentimiento hacia los políticos. Las protestas fueron seguidas por el cierre de los bancos por dos semanas. A continuación se produjo una corrida bancaria y acto seguido se fijaron controles informales de capital que limitaban la cantidad de dólares que se podía retirar o transferir.
Ante la escasez de divisas extranjeras, la libra libanesa perdió el 80% de su valor en el mercado negro y los precios de los alimentos básicos y otros productos sufrieron un aumento descomunal. Los ahorros se evaporaron de la noche a la mañana y mucha gente quedó sumida en la pobreza.
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Analistas estimaban que, en cuestión de meses el Gobierno no estaría en condiciones de atender las necesidades de sus ciudadanos, incluidos el suministro de combustible, electricidad, internet y hasta alimentos básicos. La masiva explosión en el puerto echa más gasolina a un incendio que ya se encontraba fuera de control.
Con información de AP
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