Pese a la prohibición de concentraciones de más de 10 personas en público y la cancelación de eventos deportivos, barrios del este de Francia y de los suburbios de París han celebrado partidos clandestinos con centenares de jóvenes en contacto. Las autoridades los convocan a que se sometan a la prueba de la Covid-19.
Varios cientos de personas fueron llamadas por las autoridades el martes para ser examinadas después de participar en un partido de fútbol “salvaje” entre dos distritos de Estrasburgo en el este de Francia, una región particularmente golpeada por el coronavirus.
“Debemos evitar a toda costa que se produzca una nueva concentración en Estrasburgo y proteger a los participantes”, así como a sus familiares, dijo la prefecta de la región del Bajo Rin, Josiane Chevalier, durante una videoconferencia de prensa.
Desde el comienzo de la epidemia en el Bajo Rin, al menos 620 personas han muerto por el Covid-19, lo que lo convierte en uno de los departamentos más afectados de Francia. 575 personas siguen hospitalizadas allí.
Los participantes en este encuentro, que reunió a 400 o 500 personas sin respeto a las medidas protección, podrán acudir desde el jueves al centro de detección establecido en el Parlamento Europeo para someterse anónimamente de una prueba virológica, sin cita o consulta previa.
“Es importante que entiendan que su comportamiento en los próximos días es probable que salve vidas”, explicó Adeline Jenner, delegada territorial de la Agencia Regional de Salud, subrayando que “la prueba no les perjudicará en modo alguno”.
Entretanto, un segundo partido de fútbol entre barrios tuvo lugar el martes en el departamento de Essonne, al sur de París. Unas 300 personas se congregaron para un encuentro entre dos barrios de la periferia de la capital francesa.
“No podemos dispersar una multitud, no tenemos los medios para hacer frente", explicó una fuente policial citada por el diario Le Parisien. “Nos mantenemos cerca, pero la orden es no intervenir si no hay enfrentamientos”, agregó.
En teoría, la violación de la prohibición de organizar una reunión, en particular en un lugar cerrado administrativamente, conlleva una pena de seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros.
Publicado originalmente por RFI
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