España quiere eliminar los fueros parlamentarios

España busca ser cada vez más Europa. Quiere reformar la Constitución para terminar con los privilegios de la inmunidad para miles de legisladores, militares, policías, miembros de la realeza y funcionarios del gobierno. En la mayoría de los países de la Unión Europea no hay fueros para sus parlamentarios, sólo para altos cargos del gobierno. Alemania no tiene ningún tipo de protección para los políticos. Claro que también, como siempre, detrás de este intento de cambio constitucional podría haber una vendetta para sacar de juego al principal líder de la oposición y adelantarse a una iniciativa ya debatida de otro partido.

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció que buscará retirar la inmunidad a los legisladores y otros funcionarios públicos para que "los ciudadanos vuelvan a confiar" en la política. En un acto realizado para celebrar los 100 días desde que reemplazó a su predecesor Mariano Rajoy, Sánchez prometió erradicar la corrupción y modernizar España. La propuesta para facilitar que los políticos puedan ser enjuiciados necesitaría el respaldo del Congreso. Los socialistas del PSOE solo necesitan 84 de los 350 escaños en la cámara baja. Y para conseguir esos votos, el gobierno ya cedió y aclaró que limitará la reforma a los delitos ajenos al cargo del funcionario mientras ejerza ese puesto. Para todas las otras faltas graves sigue siendo la vía la presentación de la acusación ante el Tribunal Supremo (Corte Suprema). Sánchez ya tiene el respaldo del tercer partido, el centrista Ciudadanos, que presentó un proyecto propio que extiende el fin de los privilegios a legisladores y funcionarios de las regiones autonómicas. Murcia, ya aprobó una ley en este sentido el año pasado. "Esperamos contar con el respaldo del conjunto de la cámara", dijo Sánchez. "Ofreceríamos una imagen de ejemplaridad, solidaridad y empatía".

El aforamiento (fueros de inmunidad) es una prerrogativa constitucional por la cual las causas penales de diputados, senadores y miembros del gobierno español, son investigadas y juzgadas por el Tribunal Supremo (el máximo tribunal del país) en vez de los juzgados ordinarios. Aunque no tiene ninguna cláusula de impunidad frente a las responsabilidades criminales. Este privilegio, de todos modos, finaliza apenas se deja el cargo y hasta ahora sirvió, en general, para que los políticos ganaran tiempo mientras esperan algún cambio de tendencia de la política. "Me parece una medida muy positiva que se limite y se circunscriba a los casos realmente justificados, tenemos más aforados que en la época de Franco", dijo al diario El País el profesor de Derecho Penal, Vicente Gimeno Sendra.

El fuero tiene su origen en la separación de poderes y la búsqueda de la independencia del poder legislativo con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias. Fue introducido por primera vez en el parlamento británico. Entonces, era habitual que cuando un legislador se oponía a los deseos del rey, éste buscase excusas para acusarlo de algún delito y apartarlo de la vida pública. Como forma de evitar estas injerencias, se establecieron medidas que impedían que pudiese ser encausado ningún parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno y que, en el caso de ser encausado, estuviese sometido a algún "orden jurisdiccional específico", el tribunal de mayor jerarquía. En América Latina se abusa de este privilegio desde que se constituyeron los primeros congresos tras las guerras de independencia. En los últimos años, varios ex presidentes y otros funcionarios latinoamericanos buscaron un asiento en los congresos nacionales para evitar ser enjuiciados por delitos de corrupción. Incluso, algunos ya sentenciados, como el ex presidente argentino Carlos Menem, permanecen impunes hasta que la sentencia no haya sido ratificada.

En España hay 250.000 personas que gozan del privilegio de los fueros. De estos, los jueces y fiscales y los miembros de la Casa Real como el Rey emérito Juan Carlos, el rey Felipe VI, la Reina y la Princesa de Asturias, tienen fueros a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según los casos, los magistrados deberán ser investigados por los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad. A estos casos hay que sumar los 232.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales o autonómicos, que son juzgados en las audiencias provinciales por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Los 17.603 restantes son funcionarios de los ministerios y reparticiones del Estado y de las comunidades autónomas.

El caso más relevante de este momento de un legislador que se ampara en los fueros para no dar cuenta ante la justicia es el de Pablo Casado, el líder del Partido Popular (PP), que supuestamente recibió un Master de la Universidad Rey Juan Carlos sin haber cursado ni dar exámenes. De todos modos, varios profesores de derecho procesal penal dijeron a la prensa madrileña que la supresión de los fueros no debería tener efecto retroactivo y Casado seguiría investigado por la Corte Suprema, salvo que la ley de reforma de la Constitución que envíe el gobierno diga lo contrario. Lo mismo sucedería con otros parlamentarios como el diputado de Podemos y sindicalista, Diego Cañamero, imputado por coacciones y resistencia a la autoridad. También están en esta categoría el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont (refugiado en Bélgica) y los otros políticos que lideraron el proceso independentista catalán, aunque en este caso su aforamiento, como en el caso de los parlamentarios autonómicos, deriva del Estatuto de Cataluña y no de la Constitución.

La senadora Pilar Barreiro del Grupo Mixto por Murcia, anteriormente en el PP, también quedaría fuera del alcance de la nueva ley. Barreiro está siendo investigada por utilizar fondos públicos del Ayuntamiento de Cartagena, cuando era alcaldesa, para hacer campaña de su figura en Internet. Uno de los presos más célebres de España, el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, se benefició con sus fueros durante el proceso del caso Gürtel (corrupción y financiación ilegal de su partido). El fallecido juez Antonio Pedreira archivó el caso contra Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias. Finalmente, la causa volvió a la Audiencia Nacional que los condenó y envió a la prisión de Soto del Real, donde se encuentran en este momento.

Desde los sectores más conservadores de España también se apunta a que la reforma constitucional propuesta por Sánchez es también una especie de "venganza" por las acusaciones de que él también había falseado su título universitario. "Sánchez ha mentido públicamente en el Parlamento respecto a la publicación de su tesis doctoral, y se niega a reconocer la evidencia. El balance es desolador por más que la propaganda oficial se empeñe en maquillar la realidad", asegura el diario ABC en un editorial. Y otros le piden tiempo para debatir un tema complejo. "Reformar la ley fundamental del Estado requiere tiempo, debates minuciosos y un amplio consenso, como por lo demás prevé la propia Constitución. La urgencia con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó la modificación de la figura procesal del aforamiento, para que esté vigente en 60 días, no respeta estos presupuestos, sino que responde más a un juego político de corto alcance", dice otro editorial del diario El País. Y los analistas políticos de casi todos los medios creen que Sánchez presenta esta iniciativa para adelantarse a una propuesta similar presentada en el Congreso por Albert Rivera, el líder del partido Ciudadanos.

Al mismo tiempo no hay ningún sector del espectro político español que no coincida en que es incompatible con la democracia mantener privilegios ante la justicia para 250.000 personas. Los fueros, sostienen los juristas madrileños consultados, fueron creados para defender la libertad de expresión, de trabajo parlamentario y la gobernabilidad para un pequeño grupo de personas. Y en momentos en que los políticos y los sistemas de partidos están viviendo sus horas más oscuras por los abusos de poder, los ciudadanos a nivel global están demandando una mayor transparencia. Algunos mandatarios, como Sánchez en este caso, presentan ahora iniciativas para terminar con el escudo de los fueros como un salvavidas para mantener a flote a toda la dirigencia política.

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