La Iglesia católica vuelve a estar en el disparadero. Una investigación de dos años del gran jurado de Pensilvania reveló actitudes delictivas durante más de 70 años en seis diócesis de dicho estado. El documento de 1.356 páginas detalla nombres, apellidos y detalles de abusos sexuales de 300 sacerdotes, así como la impunidad que reinó por culpa del ocultamiento sistemático de los líderes religiosos en coordinación con el Vaticano.
El gran jurado contó con la colaboración del FBI y de las propias diócesis de Pensilvania; que llevan un archivo secreto con las denuncias recogidas durante tantos años. Estas denuncias, requeridas por el mismísimo Código de Derecho Canónico, fueron el hilo del que tiraron los investigadores. Pasaron 24 meses recogiendo testimonios de víctimas e incluso entrevistándose cara a cara con una de las seis diócesis. Las declaraciones son desgarradoras, incluyen a un millar de víctimas y calculan que podría haber miles más que jamás se descubrirán. Muchas de esas víctimas se llevan el secreto a la tumba. La premisa era clara: proteger a los abusadores y la institución por encima de todas las cosas.
Estas son declaraciones traducidas al español extraídas de manera literal del documento original.
No todo es negativo, siempre de acuerdo con el documento original. En él, los investigadores relatan que "han cambiado muchas cosas en los últimos 15 años". Cabe añadir que el período que analizaron abarca 70 años de la historia de la Iglesia católica, tiempo en el que ha habido ocho papas.
El gran jurado de Pensilvania admitió que se pusieron en contacto con las seis diócesis investigadas para informarse de progresos en la jurisdicción eclesiástica. "Su testimonio nos impresionó por franco y sentido. Parece que la Iglesia está avisando a las autoridades de las denuncias de abuso más rápidamente. Se han establecido procesos de revisión internos. Las víctimas no son tan invisibles", reza el documento.
Evidentemente, queda mucho trabajo por delante. El daño está hecho y la mayoría de víctimas no verán actuar a la Justicia. Las razones principales son dos: muchas víctimas ya han fallecido, y algunos casos son tan antiguos que no pueden ser perseguidos judicialmente.
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