
La inhabilitación del primer ministro paquistaní es un nuevo episodio del escándalo internacional conocido como los Papeles de Panamá. Es el segundo jefe de Estado en caer por este tema, después del primer ministro de Islandia.
Nawaz Sharif renunció a su cargo después de que la Corte Suprema de ese país lo declaró "inhabilitado" para fungir en el cargo. El fallo llegó por una investigación sobre los bienes de su familia, después de que los Panamá Papers vincularan a los hijos de Sharif con empresas en paraísos fiscales.
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Sharif, quien es uno de los políticos pakistaníes más veteranos e influyentes, ha negado haber cometido irregularidades en el caso. Sin embargo, el veredicto de los cinco miembros de la Corte fue unánime.
¿Qué son los Panama Papers?
Se trata de una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma legal panameña Mossack Fonseca que reveló cómo personajes acaudalados del mundo crearon empresas offshore para resguardar bienes.
Los datos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zietung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), y fueron divulgados el 3 de abril de 2016 por varios medios. Las revelaciones continúan apareciendo.
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¿Cuál fue el impacto?
El primer ministro de Islandia se vio obligado a renunciar luego de que los documentos revelaron que su familia ocultó bienes en entidades offshore.
Otras personalidades expuestas al escrutinio fueron el ex primer ministro británico David Cameron, el astro del fútbol Lionel Messi, el presidente argentino Mauricio Macri, el cineasta español Pedro Almodóvar, el primer ministro pakistaní Nawaz Sharif y muchos otros políticos y allegados.
Al menos 150 investigaciones se abrieron en 79 países para examinar posibles casos de evasión fiscal o lavado de dinero, según el Centro de Integridad Pública, un grupo estadounidense sin fines de lucro.
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Francia incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. El país centroamericano lucha para mostrarle al mundo que cumple con las normas internacionales de transparencia, al compartir información tributaria con otros países para evitar entrar en otras listas negras.
Los socios fundadores de Mossack Fonseca, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, fueron arrestados el 9 de febrero por cargos de lavado de dinero y permanecen detenidos en el marco de la investigación sobre los posibles vínculos de la firma con el escándalo brasileño de corrupción Lava Jato.
En marzo, fiscales panameños dijeron que retomarían la pesquisa de los Panama Papers, que había sido suspendida durante dos meses por motivos técnico-legales.

¿Ya pasó la tormenta?
No está claro si ya se disipó la tormenta: algunos políticos aún tienen asuntos pendientes de aclarar mientras otros, como Macri y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ya están fuera de la nube.
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Aunque la filtración de documentos puso a Panamá en la mira, el escándalo ha centrado la atención en las IVB (donde fueron registradas varias entidades administradas por Mossack Fonseca) y otros sitios que mantienen sigilo financiero.
Entre esos sitios figuran estados de Estados Unidos como Nevada, Wyoming y Dakota del Sur. Varios grupos han señalado que Washington no ha adherido a una normativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de compartir información financiera.
Asimismo, Estados Unidos y Gran Bretaña estudian posibles cambios tributarios que podrían afianzar prácticas cuestionadas en sus territorios y dependencias, como las Islas Vírgenes Estadounidenses, las IVB y las Islas Cayman.
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Los Panama Papers abrieron la perspectiva de una campaña mundial de saneamiento tributario contra los ricos que usan entidades opacas u offshore.
Sin embargo, en 2017 eso parece no ser una prioridad para gran parte del mundo, que intenta adaptarse a los cambios en materia de comercio y seguridad.
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Con información de AFP
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