
Las operaciones de inteligencia y logística militar para detener la semana pasada a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del “Chapo”, no fueron cosa menor, pero lo que ahora genera incertidumbre es si los procesos judiciales van estar a la altura del empeño de las fuerzas armadas.
Los esfuerzos para recapturar a Ovidio, que fracasaron la primera vez que se ejecutaron hace cuatro años durante el polémico “Culiacanazo”, le costaron la vida a 10 militares y a 19 agresores que defendieron hasta la muerte al hijo del “Chapo”, además de los 35 heridos que hubo y la psicosis que generó en la población de Culiacán un nuevo episodio de violencia con el Cártel de Sinaloa como protagonista.
Todo ello sin contar que se trató de un esfuerzo que requirió seis meses de preparación, un uso intensivo de recursos de inteligencia, el despliegue de al menos 900 elementos del ejército y la Guardia Nacional, así como de integrantes de unidades de élite y de helicópteros UH-60 Black Hawk artillados.
“Dada la complejidad de la operación y los extensos preparativos, uno supondría que el componente jurídico de la detención tendría un grado de sofistificación similar”, cuestionó el analista experto en seguridad, Alejandro Hope, en su última columna para El Universal.

“Uno esperaría encontrar ampliar carpetas de investigación, repletas de evidencias múltiples, constuidas por equipos multidisciplinario de investigadores, peritos y agentes del ministerio público, suficientes para proceder por varios frentes legales en contra de Ovidio Guzmán”, amplió Hope.
Sin embargo, enfatizó que ante tal expectativa “uno se equivocaría”, pues de acuerdo con las palabras del secretario de gobernación, Adán Augusto López, a Ovidio “se le detuvo en flagrancia por varios delitos como posesión de armas de uso exclusivo, tentativa de homicidio y otros de lo cuales no podían compartir mayor información”.
Dicho de otro modo, señaló Hope, “para una operación de involucró a casi un millar de elementos de las fuerzas de seguridad no había más orden de aprehensión que la que ya existía en octubre de 2019, al momento del Culiacanazo. Y esa es resultado de una investigación en EEUU, no en México”, sentenció.
El analista hizo enfásis en que en los tres años y tres meses que han pasado desde el fallido operativo para detenerlo en Culiacán el 19 de octubre de 2019 nadie se ha tomado la molestia de construir una investigación judicial capaz se sostenerse en los tribunales.

“Nada sobre narcotráfico Nada sobre la larga estela de violencia del personaje”, señaló el especialista. “Lo único que se tiene en México en contra de Guzmá es la buena y vieja táctica de la flagrancia. Como nadie investiga nada, las fuerzas de seguridad se limitan a perseguir hechos que tienen en la cara”.
Las consecuencias de dichas lagunas en materia judicial, de acuerdo con el especialista, son que no se cuenten con los recursos legales suficientes para mantener a Ovidio Guzmán tras las rejas más que solo unos cuantos meses.
“Para algo más, no queda más que trasladar el problema al sistema de justicia estadounidense”, advirtió.
“Con lo que tenemos, nos da para detener capos en los indivudual, pero no para desmantelar estructuras criminales. Y lo primero que ya sabemos que solo sirve para abrir oportunidades laborales para capos emergentes”. concluyó.
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