César Jáuregui sí es un preso político, afirma Marco Bonilla, coordinador del PAN en Chihuahua

Marco Bonilla, coordinador de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Chihuahua, calificó al exfiscal César Jáuregui Moreno como preso político del Gobierno federal y adelantó que el Consejo Estatal del PAN firmará un desplegado para exigir el respeto al debido proceso en su contra.

Los argumentos legales detrás de la acusación

Bonilla afirmó que la imputación por traición a la patria carece de sustento porque no se cumplen las tres condiciones que exige esa figura penal. “No hay manera de configurar traición a la patria. El cargo de traición a la patria, yo lo dije con mucha claridad, es desproporcionado, no se justifica”, declaró.

El dirigente agregó que cualquier estudiante de Derecho que leyera el código penal llegaría a la misma conclusión. También sostuvo que “traición a la patria es no combatir al narco ni desarticularlo”, en referencia al operativo que originó el caso contra Jáuregui.

Bonilla planteó además que el caso estaría siendo utilizado como un espectáculo para desviar la atención de otros problemas del país, sin precisar cuáles.

Las tres exigencias del PAN al Ejecutivo federal

Ante lo que considera una acusación injusta, Bonilla señaló que deben prevalecer tres criterios por parte del Ejecutivo. El primero es el respeto al estado de derecho, de modo que sea el tribunal de la causa el que juzgue el caso. El segundo es el respeto al debido proceso. El tercero, la presunción de inocencia del exfiscal.

Con base en esos tres puntos, Bonilla afirmó que el Consejo Estatal del PAN en Chihuahua aprobó por unanimidad la difusión de un desplegado dirigido al Gobierno federal, documento que será suscrito por los consejeros estatales.

El coordinador panista cuestionó, además, que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara sobre la presunta culpabilidad del exfiscal durante una conferencia matutina, apenas seis días antes de su audiencia judicial. A su consideración, esa intervención representa una vulneración al debido proceso.

El origen del caso y la situación judicial de Jáuregui

Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue detenido el 17 de octubre por la Fiscalía estatal, acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Dos días después fue aprehendido por una orden federal relacionada con el delito de traición a la patria.

El 25 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso por ese delito y ratificó la prisión preventiva oficiosa. Desde entonces permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

La acusación se originó en un operativo realizado entre el 16 y 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un narcolaboratorio de metanfetaminas. Según la Fiscalía General de la República (FGR), en el operativo participaron cuatro agentes. Entre ellos, dos ciudadanos estadounidenses identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieron junto al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y su escolta, en un accidente ocurrido durante el regreso de la sierra.

La FGR sostiene que Jáuregui autorizó la participación operativa de esos agentes extranjeros sin que las autoridades federales mexicanas fueran notificadas, lo que consideró una violación a la soberanía nacional. La defensa del exfiscal, representada por Héctor Villasana, ha insistido en que no existe prueba alguna, ni siquiera en el reportaje publicado por The New York Times sobre el caso, que vincule a Jáuregui con la autorización de esa presencia operativa.

Según informó Villasana el 11 de noviembre, las apelaciones contra las resoluciones judiciales en los ámbitos estatal y federal ya están en trámite y podrían resolverse en un plazo de entre dos y cuatro meses. El plazo para la investigación complementaria vencería alrededor del 23 o 24 de diciembre.

El respaldo del panismo estatal y nacional

El respaldo de Bonilla se suma a la postura adoptada por el Consejo Estatal del PAN en Chihuahua durante la sesión del 7 de noviembre. La mayoría del Consejo aprobó respaldar públicamente al exfiscal, aunque la votación no fue unánime: entre los votos en contra estuvo el de Saraí Franklin, expresidenta del PAN municipal de Chihuahua e identificada con el entorno político de la gobernadora Maru Campos.

El senador Mario Vázquez Robles también se pronunció sobre el caso tras esa sesión. El legislador advirtió que se acusa a Jáuregui de ser “chivo expiatorio del régimen morenista” y cuestionó que el caso pueda sentar un precedente contra funcionarios que combaten al crimen organizado desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, confirmó que la comisión encargada de redactar el desplegado integraría el documento durante esa semana, con el propósito de fijar la postura del panismo chihuahuense frente al proceso que enfrenta el exfiscal.