Salvador Alcantar, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), busca penas más severas a quien, a través de engaños, bienes o favores, consiga mantener relaciones sexuales con jóvenes de 15 a 17 años, esto para mantener el bien mayor de las y los mejores que podrían ser objeto de este tipo de actos.
Para conseguir este propósito, el panista planteó modificar los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal (CPF), a pesar de tener el consentimiento del menor, pues la obtención a través de engaños, ofrecimiento de bienes o favores se considera un acto inmoral. Al respecto, se espera incrementar hasta una pena de seis años de prisión y un mínimo de 10 meses.
Actualmente, el 262 plantea un mínimo de tres meses y un máximo de tres años y el 263 explica que se procederá contra el adulto que ejerció el presunto abuso si el mejor o sus tutores deciden proceder legalmente, por lo que el texto presentado por Alcantar Ortega fue turnado a la Comisión de Justicia para su correcta dictaminación.
Legislación Actual:
Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.
Artículo 263. En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes.
En la nueva iniciativa, se replantea, además de un incremento a la sanción, un límite máximo de edad en la procedencia: “En el caso que la querella sea presentada por quien ejerce la patria potestad del menor y se demuestre que no existió engaño o desequilibrio de poder, no existirá sanción aplicable siempre y cuando se tenga como límite tres años de diferencia entre el sujeto activo y el menor”.
Durante su exposición de motivos, el abanderado del partido albiazul destacó que se busca contribuir al desarrollo de adolescencias y juventudes plenas, que los derechos de los menores deben ser protegidos en su totalidad y las penas endurecidas pueden ayudar a evitarla reincidencia del delito.
Aseguró que esta iniciativa tiene como objetivo proteger los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, adaptando la legislación a la normativa internacional que establece que las leyes se deben adecuar para “evitar penalizar las relaciones sexuales consensuales entre jóvenes, teniendo en cuenta la diferencia de edad y el posible equilibrio del poder en la pareja en la determinación de la validez del consentimiento”.
Destacó el riesgo de que las y los jóvenes de este rango de edad inicien su vida sexual con personas mayores de edad a cambio de bienes o favores, principalmente quienes pertenecen a estratos sociales desfavorables. Lo cual implica diversas circunstancias que podrían actuar en detrimento de su salud, como contraer enfermedades de transmisión sexual, traumas psicológicos o maternidad prematura.
Fue en este contexto donde el diputado de Acción Nacional recalcó la necesidad de reformar el Código Penal para que quien se aproveche de la vulnerabilidad de cargo o económica de un menor para conseguir favores sexuales basado en presuntos engaños, bienes o favores deba de ser castigado con sanciones más severas con la finalidad de inhibir la repetición de dicho ilícito, por lo que el Congreso de la Unión fue conminado a trabajar en el andamiaje legal que respalde a las instituciones del Estado para garantizar esto.
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