Carlos Treviño Medina, quien fue el último director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue beneficiado luego de que un Tribunal Federal le concedió un amparo en el marco de la orden de aprehensión girada en su contra desde septiembre del 2021.
El exdirector de la paraestatal fue señalado por Emilio Lozoya Austin como una de las personas relacionadas con el caso Odebrecht, por lo que fue acusado de presunta asociación delictuosa, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita y citado a comparecer desde agosto de 2021.
Sin embargo, bajo el argumento de que no se contaban con las condiciones de legalidad y seguridad jurídica, el ex funcionario notificó su ausencia ante tribunales; de este modo Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio de Almoloya de Juárez (Estado de México), emitió la orden de captura en su contra.
Fue en ese sentido que un juez concedió el amparo a Treviño Medina por las presuntas violaciones al debido proceso, ya que la autoridad que lo acusó (la Fiscalía General de la República [FGR], a cargo de Alejandro Gertz Manero) se limitó en brindar argumentos para sostener las imputaciones.
Del mismo modo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó que se concediera una audiencia al quejoso para que se le informe, de acuerdo con el debido proceso, cuales son las acusaciones en su contra.
De acuerdo con las acusaciones de Lozoya Austin, Medica -quien tomó la dirección de Pemex en noviembre de 2017, en sustitución de José Antonio González Anaya-, recibió cerca de cuatro millones de pesos como parte de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht entregó para que se aprobara la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto.
También, según los mismos señalamientos, dichos recursos fueron enviados desde Brasil y recibidos por autoridades mexicanas, para luego ser distribuidos bajo las órdenes del entonces secretario de Hacienda (SHCP), Luis Videgaray, a diversos legisladores y servidores públicos.
La carpeta de investigación en contra del ex funcionario se abrió desde agosto del 2020, cuando Emilio Lozoya dio a conocer la información que incriminaba al ex director. A dichas declaraciones se les sumaron las de Norberto Gallardo, quien fue jefe de escolta de Lozoya y quien confesó haberle llevado cuatro millones de pesos a Treviño.
Por su parte, recientemente Carlos Treviño presentó una denuncia penal en contra del titular de la FGR, Gertz Manero, así como en contra del fiscal Juan Ramos, por el posible delito de tortura cometido indirectamente en su contra. De acuerdo con la acusación, se presionó a Emilio Lozoya para incriminar —con hechos supuestamente fabricados— al ex director.
La denuncia fue presentada a finales de septiembre de este año ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a cargo de la fiscal Sara Irene Herrerías.
De acuerdo con la denuncia, las diversas presiones ejercidas en contra del ex funcionario son un tipo de tortura psicológica, lo que también afectó indirectamente al quejoso, pues Lozoya presentó una denuncia en su contra -así como de otras personas- con el fin de no cargar con la prisión preventiva como medida cautelar.
“Este proceder y violaciones graves a los derechos del señor Emilio Lozoya, sin perjuicio de su responsabilidad por los sobornos recibidos exclusivamente por él, ha sido catalogado como tortura a la luz de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivaron de lo resuelto en el Amparo Directo en Revisión 807/2020 y que fueron publicados el pasado quince de julio de dos mil veintidós”, se lee en la denuncia de Treviño compartida por Animal Político.
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