
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, respondió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, y aseguró que no espió a nadie; sin embargo, lo señaló de presunto tráfico de influencias a favor del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.
Acompañada por su abogado, la mandataria local pidió al senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizar “mil planas” con la expresión “Layda no espió”, con el fin de que deje a un lado las acusaciones en su contra, pues dijo que los materiales los recibió cuando asumió la titularidad del ejecutivo local y no los obtuvo por voz propia.
Y es que aseguró que, aunque acusaron de revelación, intervención y divulgación de comunicaciones personales, ella en ningún momento ha realizado dichas acciones, por lo cual indicó que aún no ha sido llamada a declarar ante el Ministerio Público.
No obstante, se lanzó fuertemente contra su aún compañero de partido y lo acusó de presunto “tráfico de influencias” a favor del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, esto en medio de la denuncia que había presentado el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
La denuncia fue presentada en julio del 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito y por la compra de casas y terrenos en Campeche entre el 2012 y el 2015. Esta terminó siendo archivada.
“Tú conseguiste con tus presiones, con tus contactos en la Fiscalía General de la República, una carta que una periodista recientemente... el de no ejercicio de la acción penal, fuiste tú el que interveniste para que Alejandro Moreno se saliera como impoluto ante la denuncia (...) No se vale que la justicia se use como moneda de cambio”, declaró la gobernadora morenista.
Hay que recordar que Ulises Ruiz, junto con la Nallely Gutiérrez, presidenta del Colegio Profesional de Derecho, tomaron, además, las instalaciones de la sede nacional del PRI de forma violenta el 29 de junio del 2021 exigiendo la renuncia de Alito Moreno, lo que desembocaría en la expulsión de los dos del partido.
En cuanto a los señalamientos de espionaje, aseguró que ella era la víctima. Y presentó a su consejero jurídico Juan Alcudia, quien explicó las dos denuncias interpuestas en contra de Sansores por intervensión de comunicaciones y por ultraje a las insignias del estado.
Alcudia aseguró que para que la denuncia sobre la interferencia, revelación de comunicación reservada y divulgación de comunicación privada interpuesta por Ricardo Monreal avance, tenían que acreditar forsozamente la intervención al establecerlo así el Codigo Penal Federal.
Y Layda Sansores recalcó en que nunca espió al senador morenista, pues la información, en cambio, según declaró, se le hizo llegar: “Me quedo callada y me guardo esta información o la doy a conocer al público porque es de interés público. Yo no fui a contar los acuerdos que tenían en su cama”.
Por otro lado, con respecto a la denuncia presentada por el presidente municipal de Fresnillo, quien es hermano de Ricardo Monreal, el consejero jurídico aseguró que en realidad no existe una ley secundaria en el estado que regulara el uso de los símbolos estatales.
Pues en el artículo 5 de la constitución de Zacatecas sí se considera símbolo a la Marcha de Zacatecas, pero el ultraje estaba relacionada con agresión verbal o una conducta que denigre a una autoridad y que había una distinción entre agresión a una insignia y a un símbolo. Aunado a lo anterior, aseguró que ninguno de los delitos por los que se le acusa a Sansores configura.
La morenista por su parte, se lanzó en contra del familiar del presidente de la Jucopo afirmando que el municipio ocupa el primer lugar entre las demarcaciones en el país con mayor número de muertos “y ahí se va a denunciarnos porque tocamos la Marcha de Zacatecas (...) ahora ya es de ellos” y calificó el hecho de ser un exceso.
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