Alito Moreno llama “Plan Venezuela” al Plan B de Sheinbaum, reitera rechazo del PRI

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este martes su confianza en que los legisladores respalden el llamado plan B de reforma electoral, que busca “eliminar privilegios” y modificar la revocación de mandato.

Mientras el Plan B sigue en suspenso, los legisladores se han manifestado abiertamente sobre cómo van a votar.

El PRI se prepara para votar en contra

En un encuentro con los medios de comunicación, Alito Moreno, líder del PRI, aseguró que la bancada completa de su partido votará en contra y que, además, no habrá ni una sola ausencia en el Senado.

“Los priistas estaremos atentos, estamos dialogando y construyendo. Tenemos reuniones permanentes y no habrá ninguna ausencia ni justificación, hoy primero es México y los senadores estaremos presentes para votar en contra de ese plan B”.

Además, calificó al Plan B como una estrategia para “destruir la democracia”, una acusación que no es nada nueva entre la oposición al gobierno de la 4T. El senador aseguró:

“El Plan B, pero con V, de Plan Venezuela, el Plan Dictadura, el plan que destruye el régimen democrático”.

Del mismo modo, el priista criticó a Morena y denostó las acciones de la presidenta de México:

“Y yo creo que esta es una necedad de Morena, yo creo que ya es buscar una narrativa, pero ha sido la gran derrota. Ha quedado claro que no sólo la oposición si no también los partidos del bloque oficialista, se sumarán. Se genera un contrapeso y es lo que México necesita”.

“Nosotros desde el PRI seguiremos defendiendo a México”, concluyó.

¿Qué plantea realmente el Plan B de Sheinbaum?

El debate por la reforma electoral sigue abierto en el Senado, donde el llamado Plan B se mantiene sin dictamen definitivo. El proyecto, promovido por el Ejecutivo, surgió como alternativa tras el rechazo de la reforma electoral original en la Cámara de Diputados.

Entre las modificaciones centrales que impulsa el Plan B, figuran la intención de establecer límites a los presupuestos de los congresos locales, así como la propuesta de reducir el número de regidores en los municipios, con el propósito de disminuir los gastos administrativos en los gobiernos locales.

La iniciativa también propone ampliar el alcance de las consultas populares, permitiendo que la ciudadanía participe en decisiones sobre temas electorales. Otro de los ajustes destacados es el cambio en el mecanismo de revocación de mandato, que podría realizarse durante el tercer o cuarto año de cada administración.

La pregunta sobre qué plantea el Plan B se responde con una serie de medidas orientadas a reducir los costos de las estructuras políticas estatales y municipales, con la promesa de que los recursos liberados se destinen a obras y servicios públicos, según sostiene el gobierno federal.

A pesar de estos objetivos, el Plan B permanece en etapa de análisis legislativo. Las negociaciones y revisiones legales continúan, y el futuro de la iniciativa depende tanto del consenso entre fuerzas políticas como de la evaluación jurídica que se realice en el Senado.