Los documentos filtrados por el grupo “Guacamaya” tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han puesto al descubierto nuevas interrogantes sobre el caso Ayotzinapa, pues un documento revelaría las intenciones de un general para evitar excavaciones en cuarteles militares durante la búsqueda de los 43 normalistas.
Se trata del ex jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de la división D.E.M. retirado Humberto A. Guillermo Aguilar, quien envió una carta al entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con motivo de la visita de los padres de los estudiantes desaparecidos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero.
A través de un correo electrónico remitido a la Unidad de Asesores del Alto Mando a finales de enero de 2015, Guillermo Aguilar enlistó una serie de observaciones y recomendaciones ante el recorrido que llevarían a cabo los familiares de los normalistas en los cuarteles de Guerrero, como parte de la búsqueda de sus hijos.
La visita estaba programada después de que se realizara la marcha del 26 de enero de 2015 en el entonces Distrito Federal, pues incluso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aseguró que la Sedena permitiría recorrer todas sus instalaciones castrenses en Iguala.
En la carta fechada el 24 de enero de 2015 se indica que los padres de los normalistas “tienen la certeza de que en los cuarteles del Ejército no van a encontrar” a los estudiantes desaparecidos, ya que supuestamente nunca estuvieron ahí. Sin embargo, se advierte que deben ser “cuidadosos” y se enlista una serie de recomendaciones para ello.
En ese sentido se señala la posibilidad de que los visitantes busquen remover alguna parte de los terrenos, levantar losas de concreto o iniciar excavaciones en el predio, como parte de las labores de búsqueda. Ante ello, se instó a que se indicara “con toda seguridad” que las construcciones datan de antes de septiembre de 2014, por lo que la superficie no ha sido alterada en fechas recientes.
De manera concreta, se ordenó a “no aceptar la remoción de losas de concreto o excavaciones del terreno, argumentando que existen desde años anteriores y que las tierras no presentan indicios de haber sido removidas recientemente”, se lee en el punto “D” de las recomendaciones.
Asimismo, se hace hincapié en que “por ningún motivo debe aceptarse que en los cuarteles militares se ha concentrado personal detenido”. Lo anterior ante la existencia de salas de arresto con rejas en algunas de sus instalaciones, por lo que se exige sean removidas cuanto antes y, en dado caso, “puntualizar que se emplean para el personal militar que cometa faltas o delitos”, se indica en el inciso “E” de la carta difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En la visita también se esperaba la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual acompañaría a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, quienes exigían que se incorporara como líneas de investigación la participación de la Policía Federal y agentes de la Sedena.
Cabe recordar en ese entonces el 27 Batallón de Infantería era encabezado por el coronel José Rodríguez Pérez, a quien el general Guillermo Aguilar le pidió evitar caer en contradicciones y ajustarse a la versión oficial de los hechos.
A pesar de ello, a Rodríguez Pérez se le dictó formal prisión por su presunta participación en el caso Ayotzinapa el pasado mes de septiembre, pues se le señala de supuestamente haber dado las órdenes de asesinar y desaparecer a seis normalistas.
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