El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó las filtraciones de mensajes que son parte de la investigación del Caso Ayotzinapa, consideraron que la acción revictimiza a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pero que no es a la prensa a la que se debe cuestionar sino a las autoridades por la inusual cancelación de órdenes de aprehensión por parte de la FGR .
Bajo este contexto, Centro Prodh reiteró que ante la existencia de filtración de información a medios, “debe investigarse a las autoridades que, actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”.
Cabe señalar que actualmente, el informe del que hoy se han dado filtraciones, continúa bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), expertos a quienes las familias han pedido verificar la fiabilidad de la información como instancia técnica e independiente.
Sin embargo, en fechas recientes, en medios se publicó información confidencial sobre los avances que ha tenido el caso de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa. Si bien en el comunicado emitido por la ONG no aclara a qué filtraciones hace referencia, recientemente la periodista Peniley Ramírez dio a conocer detalles sobre el caso, como la presunta negociación del ex presidente Enrique Peña Nieto con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para que se declarara autor intelectual del crimen a cambio de una condena menor y sacarlo del país a su término.
La investigación a cargo de la periodista Peniley Ramírez también brinda otros pormenores sobre el caso, mismos que compartió en su cuenta de Twitter. En ella refirió los posibles destinos que tuvieron los 43 jóvenes después de ser detenidos en Iguala, Guerrero.
La reportera habría obtenido dicha información luego de tener acceso a un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Presidencia, misma que actualmente es responsable del seguimiento y esclarecimiento de los hechos a nivel federal.
Cabe señalar que apenas el día de ayer (24 de septiembre) el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió a la Fiscal General de la República (FGR) que investigue y castigue la filtración de la información.
A la par, el funcionario condenó la acción, ya que aseguró que en vez de ayudar a la investigación y esclarecimiento del caso “perjudican y abren paso a la impunidad”.
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, escribió vía Twitter.
📌 Sobre los recientes eventos y revelaciones en el caso #Ayotzinapa, desde el @CentroProdh: pic.twitter.com/TeP8tWlnDk
— Centro Prodh (@CentroProdh) September 24, 2022
Controversias y avances a ocho años del caso
Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa luego de la noche del 26 de septiembre en Iguala, en un clima de incertidumbre pues dos gobiernos de distinto partido político han presentado dos investigaciones en las que todavía no se logra determinar, de forma clara, la verdad de lo que sucedió con los jóvenes.
De hecho, hasta el momento, en fechas recientes, 120 personas que han sido señaladas por estar presuntamente relacionada con el caso, han sido absueltas, situación que, de acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, será investigada.
En tanto, si bien el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, uno de los principales personajes implicados en el caso Ayotzinapa, fue exculpado por el cargo de secuestro el pasado 20 de septiembre, continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, donde se mantiene desde hace ocho años, debido a que pesan sobre él otros tres procesos.
En este contexto, Centro Prodh llamó a “no perder de vista (...) la inusual y desaseada cancelación de órdenes de aprehensión por parte de la FGR”, en contra de personajes señalados dentro del caso.
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