A ocho años de Ayotzinapa y dos gobiernos: el fantasma de las dudas sigue sin dar paso al esclarecimiento de la verdad

Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa luego de la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en un clima de incertidumbre pues dos gobiernos de distinto partido político han presentado dos investigaciones en las que todavía no se logra determinar, de forma clara, la verdad de lo que sucedió con los jóvenes.

Mario Patrón, ex abogado del caso Ayotzinapa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló el jueves que “tras las conclusiones, avances y pendientes presentados en el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a finales de agosto, la verdad sigue sin ser esclarecida”.

El abogado señaló que si bien la justicia avanza, esta no lo hace al ritmo esperado por las víctimas, razón por la que los padres de los normalistas exigen que la justicia finalmente se aplique, pues en ocho años han desfilado más de un centenar de acusados, pero todavía no existe un consenso definitivo sobre el móvil del ataque contra los normalistas y quien dio expresamente la orden del ataque.

La nueva investigación desarrollada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apunta hacia la presunta responsabilidad de algunos mandos del Ejército mexicano en la zona de Guerrero, como el entonces coronel José Rodríguez Pérez, sin embargo, esta acusación se sostiene en presuntas declaraciones de Gildardo López Astudillo, El Gil, que de jefe de plaza pasó a convertirse en testigo, el cual tendría el nombre en clave de “Juan”.

Sobre la versión que apunta a que seis jóvenes permanecieron con vida varios días después de lo ocurrido en Iguala, no se ha presentado otra prueba más sólida que las capturas de pantalla de mensajes telefónicos.

De hecho, el militar José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los seis jóvenes retenidos por el ejército, recibió este miércoles el auto de formal prisión acusado del delito de delincuencia organizada y no por desaparición forzada, lo que despierta dudas entre quienes demandan justicia y verdad por este caso.

Desde agosto se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y aunque coincide con la investigación del gobierno anterior en que los 43 normalistas habrían muerto, las múltiples diligencias emprendidas en lo que va del sexenio actual no han podido acreditar el punto exacto donde se habrían llevaron a cabo las ejecuciones.

En el anexo de análisis de comunicaciones telefónicas que sostuvieron los cabecillas de Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014, señala que entre ellos privó la confusión sobre la naturaleza de la protesta de los normalistas en Iguala, además afloraron las confrontaciones internas por las informaciones a medias que circulaban entre ellos.

Según el gobierno de Enrique Peña Nieto, que llevó las indagatorias de 2014 a 2018, policías corruptos de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre cuando se alistaban para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México

La versión de la administración de Peña Nieto, que llamó “la verdad histórica”, indica que los agentes realizaron ataques que dejaron seis muertos en el momento y a los 43 jóvenes capturados los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula.

Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la “verdad histórica” al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.

El más reciente informe de la Comisión para la Verdad presentado el pasado 18 de agosto, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.

Pocos días después, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos.

Aun así, reconocieron la importancia de que el Gobierno estableciera con claridad la participación de las fuerzas armadas y otras autoridades pero recordaron que ya desde hace años las familias y diversas organizaciones venían diciendo que era un crimen de Estado.

La gran incógnita, casi ocho años después, continúa siendo dónde están los 43 estudiantes -aunque se encontraron restos de tres de ellos-.

Pero también se desconoce, en caso de que hubieran sido ejecutados, quién fue la persona que dio la orden y cuál fue el motivo, puesto que las teorías que se manejan todavía son varias.

Tampoco se sabe con precisión si había algún vínculo entre autoridades de diferentes niveles con en arco ni, de haberlo, cuál sería.

Por último, se desconoce por qué el Gobierno de Peña Nieto creó la “verdad histórica”

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