A casi siete meses de la masacre en San José de Gracia, Michoacán, donde se estima que pudieron haber perdido la vida entre 10 y 17 personas, las autoridades han detenido a 53 generadores de violencia en el municipio de Marcos Castellas y sus inmediaciones.
El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, confirmó, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que más de medio centenar de personas han sido detenidas en la zona desde que arrancó el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado mes de abril.
Mejía Berdeja precisó que entre los días 6 y 12 de septiembre, efectivos de la Sedena y Guardia Nacional (GN) detuvieron a 13 generadores de violencia en los municipios de Mazamitla, Jalisco, y Marcos Castellanos, Michoacán, donde además aseguraron arsenales de armas largas y cortas, cartuchos, drogas y chalecos tácticos.
Aquel domingo, miembros del grupo criminal Pájaros Sierra —vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)— interrumpieron un velorio en San José de Gracia, Michoacán y sacaron a los asistentes a la calle. Los formaron contra un muro y abrieron fuego contra ellos. Se calcula que hasta 17 personas fueron acribilladas esa tarde, pues los cuerpos fueron retirados de la escena del crimen por los propios criminales y las autoridades llegaron casi tres horas después de ocurrida la masacre.
Esta semana autoridades federales capturaron en el municipio de Marcos Castellanos —donde ocurrió la masacre— a Cornelio A., alias Sierra 3, oriundo de Badiraguato, Sinaloa, e identificado como líder de Pájaros Sierra y presunto autor de las múltiples ejecuciones.
Medios locales informaron durante los primeros minutos de este martes 13 de septiembre que “Sierra 3″ fue capturado por agentes del Ejército Mexicano luego de ser identificado cuando transitaba por las calles de San José de Gracia, cabecera del municipio, a bordo de una camioneta Ford Edge. Junto con él, según los primeros reportes, fueron detenidos otros tres sujetos, entre ellos un menor de edad.
El operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue desplegado luego de que se reportara la presencia de hombres armados en la zona. José Luis L., de 13 años; Jair Alberto Ch., de 35 años; y José Manuel G., de 19 años, fueron los acompañantes del Sierra 3 que fueron aprehendidos cuando portaban cuatro fusiles, una escopeta, una pistola de 9 m.m. y chalecos tácticos.
Ausencia de autoridades
Para el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Ernesto López Portillo, la ausencia total de las autoridades en eventos como el de Michoacán se explica porque México se encuentra actualmente en una etapa de captura de la instituciones por parte de las organizaciones ilícitas, quienes cada vez se van imponiendo con más fuerza en el territorio.
“Se ha colapsado la idea de que el Estado y la delincuencia organizada son dos entidades confrontadas. La teoría ha demostrado que existe una especie de zona gris, donde el crimen organizado y el Estado construyen acuerdos o escenarios de disputa”, dijo a Infobae.
Los recursos no han sido suficientes para asegurar las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano como organismos profesionales, aseguró el experto, para que de esta manera respondan eficazmente ante hechos como los ocurridos en Michoacán. “El Estado se muestra cada vez más pequeño, más limitado y contaminado“.
¿Por qué no llegó la policía a tiempo? ¿Por qué no hay esquemas de inteligencia que prevean este tipo de confrontaciones? Para el especialista en seguridad pública la respuesta es simple: el Estado no es competente para ello. “La política de seguridad está en crisis. Tenemos un presidente que ha decidido utilizar toda la fuerza militar al alcance para desplegarla sin lograr contener la violencia. Eso enseña una crisis estructural profundísima por la incapacidad del Estado para expropiar la violencia como un acto legítimo, por eso las organizaciones están en la posibilidad de salir a ejecutar gente a plena luz del día”.
Los sicarios que perpetraron la masacre en San José de Gracia, según López Portillo, actuaron basándose en cálculos de costo y beneficio, pues probablemente previeron que no iban a pagar por las muertes de aquellas personas. “Su calculo es racional, es un cálculo de probabilidades evidente. El 90% de los homicidios violentos no son castigados en este país. Es un cálculo informado, porque la impunidad se ha instalado entre nosotros desde hace décadas. La gente que vive la violencia ha aprendido que la impunidad está ahí presente”.
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