El tema de la prisión preventiva ha sido uno de los más controversiales debido a que se ha señalado que se utiliza como medio de represión política por parte de las autoridades y una herramienta de injusticia contra los derechos humanos.
Sin embargo, esta opinión no es compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien ha defendido que se debe mantener par que se evite la liberación de delincuentes “a diestra y siniestra”.
Y ante las discrepancias con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amagó con exponer a los jueces y magistrados acusados de cohecho.
“Vamos a presentar toda nuestra fundamentación (...) Son muchos casos y muy fuertes y no queremos dar a conocer los nombres de los jueces porque los estaríamos humillando” señaló el mandatario en su conferencia matutina.
Por lo que el periodista Raymundo Riva Palacio en su más reciente columna para Ejecentral señaló que el presidente está enojado porque sabe que al desaparecer la prisión preventiva oficiosa, se debilita su discurso en contra de la corrupción.
El periodista afirmó que al acecarse la votación, la cual se llevará el próximo lunes 5 de septiembre, se está valiendo de artimañas como asegurar que la prisión preventiva oficiosa fue aprobada por el expresidente Felipe Calderón, además de anunciar que se presentaría una lista de los que votaron para que fuera aprobada.
De acuerdo con el columnista, en la reforma a la que hace alusión, aprobada en 2008, se buscaba que los imputados por delitos de mayor impacto permanecieran bajo custodia, principalmente para asegurar a las víctimas.
Pero fue en 2018 que se modificó la figura de prisión preventiva en dos vertientes: la justificada y la oficiosa. En esta última se establecía que los delitos para aplicarse la medida eran delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos por armas de fuego y explosivos, así como aquellos graves en contra de la seguridad.
Sin embargo, para el 2019, se reformó el párrafo segundo y se amplió el catálogo, de acuerdo con Riva Palacio, cabildeado por Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia, y Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.
De este modo se añadieron: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, huachicoleo, desparición forzada y cometida por particulares.
Esto últimos, señaló, arropa implicitamente “la narrativa de López Obrador y a su estrategia de desmantelar el viejo régimen (...) encarcelando a ex funcionarios de gobiernos anteriores”, ya que para dar legitimidad y mostrar que lo que juró era cierto, “tiene que encarcelar a personajes importantes”.
Su aprobación fue argumentada bajo el razonamiento de que se necesitaba un derecho penal más restrictivo que desincentivara la comisión de delitos que lesionaran los bienes públicos. Sin embargo, señaló que como corolario se ha abusado de la ley.
Y puso de ejemplo los casos de Rosario Robles, quien estuvo tres años en prisión y el del recien detenido y vinculado a proceso, Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, del que ya ha hablado en anteriores ocasiones.
Pero a este problema se suma, mencionó, a que uno de sus aliados, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, se posicionó a favor de la eliminación de esta figura. Por lo que a través de amenazas y de descalificaciones “quiere doblegar a la Corte a que cumplan sus deseos”.
Por lo que concluyó en que, de ser eliminada, ya no podrá valerse de culpar al pasado de la corrupción y podría impactar en cuestiones electorales.
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