Mario Aburto ha vuelto a abrir el baúl de los recuerdos y a poco más de 28 años del asesinato del candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, el michoacano ha buscado ampararse en la ley mexicana y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investiguen los actos de tortura que presuntamente padeció para confesar el crimen.
Dentro de ese arduo camino para limpiar su nombre y recuperar su vida, la defensa de Mario Aburto solicitó el cambio del penal de Guanajuato a la prisión del Hongo, ubicada en el municipio de Tecate, Baja California.
No obstante, el pasado 20 mayo un juez federal negó el traslado de Mario Aburto, mientras que la comisionada del Sistema Penitenciario de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, argumentó que es considerado un “reo del alta peligrosidad” y que el estado no cuenta con centros penitenciarios de alta seguridad para resguardarlo.
Dichas declaraciones propiciaron a que la mañana de este jueves 9 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunciara una vez más respecto al caso y, de este modo, manifestó su preocupación por lo que consideran fue un acto de revictimización en contra de Mario Aburto, quien lleva casi tres décadas encarcelado.
En el comunicado emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la dependencia manifestó su preocupación por la declaraciones que Elena Andrade Ramírez difundió en medios de comunicación sobre el caso de Mario Aburto, quien es reconocido como una víctima de violaciones a derechos humanos según lo estipulado en la Recomendación 48 VG/2021.
Fue el 20 de mayo del presente año que la funcionaria del Sistema Penitenciario de Baja California declaró ante medios de comunicación que el área jurídica y normativa de la comisión a su cargo participó en un supuesto “litigio estratégico” para sostener la inviabilidad de recibir a Mario Aburto, a quien también calificó como un “reo de alta peligrosidad”.
Adicionalmente, lo que más preocupó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue que Elena Andrade Ramírez aseguró que Mario Aburto era buscado por personas en Tijuana desde hace años, agregando que la Persona Privada de la Libertad ha demostrado “bastante liderazgo en la cárcel”. No obstante, la funcionaria no especificó a qué situaciones o hechos se refería.
“La CNDH lamenta sendas declaraciones, y las califica de lamentables, revictimizantes y desinformadas, ya que la víctima no se encuentra catalogada como de “alta peligrosidad” y con dicha manifestación estigmatiza y conculca el derecho humano de esta, quien se encuentra privada de su libertad, compurgando una sentencia”, se lee en el comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Adicionalmente, la dependencia apuntó que al hacer alusión a la supuesta alerta, se ven obligados a hacer públicos los hechos que señala pues las declaraciones de la comisionada del Sistema Penitenciario de Baja California enrarecen la nueva investigación en curso y obstaculizan la posibilidad de que la víctima pueda purgar su pena en lugares cercanos a su domicilio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) giró extrañamiento formal a la funcionaria a través de la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos para que haga las aclaraciones indispensables correspondientes.
Mario Aburto promovió amparo para que la FGR investigue presunta tortura en su contra
El pasado martes 22 de marzo, un juez federal acordó aceptar el amparo que promovió Mario Aburto, acusado del asesinato de Luis Donaldo Colosio y por el que recibió una condena de 45 años de prisión.
Aburto señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha cumplido con las investigaciones por la supuesta tortura a la que fue sometido. Sin embargo, el juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Antonio González García, rechazó la suspensión provisional para que el Ministerio Público Federal comience con las indagatorias correspondientes sobre sus imputaciones.
Además, el acusado aseveró que la FGR ha incurrido en omisión por no indagar sobre los supuestos tratos “degradantes” que ha recibido, así como tampoco los presuntos delitos cometidos en su perjuicio. Por ello, el magnicida busca que se le inscriba en el Registro Nacional del Delito de Tortura.
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