Mario Aburto, asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, no está incomunicado y goza de buena salud, reiteró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras recomendaciones y una visita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al penal donde el magnicida paga su condena.
De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), las garantías de Aburto Martínez son respetadas, pero aún así se analizará la Recomendación 48VG/2021 de la CNDH para evaluar en qué condiciones está preso el sentenciado y se emitirá una respuesta en el plazo legal correspondiente.
Según la dependencia, el asesino de Colosio ha entablado comunicación telefónica con su hermano, así como con un ministro de culto y también cuenta con autorización de visita.
El padre de Mario Aburto denunció a los medios que su hijo estaba desaparecido desde hace un mes y llevaba décadas sin poder verlo.
De ahí que acudió a la CNDH para que se analice nuevamente su caso, porque se asegura una presunta fabricación de culpabilidad, luego de que el ex candidato presidencial fuera ejecutado en un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, en marzo de 1994.
Sin embargo, las autoridades penitenciarias aclararon que se ha brindado atención médica al sentenciado y participa en actividades que favorecen su reinserción social, además cursa una licenciatura en derecho desde la privación de su libertad.
Por otra parte, el OADPRS precisó que la cárcel donde Mario Aburto paga su condena depende de los jueces y el traslado solo es consecuencia de resoluciones judiciales. Excepto en condiciones que no se actualizan en el caso.
Además, la dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el CERESO “El Hongo” II en Tecate, Baja California, a donde se pide su traslado, no depende de OADPRS, sino del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
Desde hace un año, Mario Aburto reapareció en la escena mediática para declararse inocente por el caso Colosio. En aquel entonces se amparó y demandó a quien se desempeñaba como titular de la SSyPC, Alfonso Durazo. Y es que el asesino confeso fue trasladado del penal de Huimanguillo, Tabasco al Centro Federal de Readaptación Social No.12 CPS-Guanajuato, ubicado en el municipio de Ocampo.
Luego de ello, la CNDH insistió en que se emitieran medidas cautelares para salvaguardar la integridad física del prisionero. En mayo pasado, la dependencia a cargo de Rosario Ibarra Piedra solicitó el traslado del magnicida a un penal más cercano a su familia, como el de Tecate.
Para septiembre de 2021 se reiteró mejorar las condiciones de Aburto Martínez. Fue la tercera llamada debido a que el OADPRS impidió diligencias de la Comisión para evaluar el caso.
Y finalmente, el reciente 25 de octubre, la CNDH recomendó reabrir indagatorias a la Fiscalía General de la República, así como de los episodios de tortura, violaciones a derechos humanos y al debido proceso que fueron evidenciados desde hace 27 años.
La CNDH indicó que la tortura en contra de Aburto fue ejecutada por agentes de la entonces Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, desde la detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias ministeriales y en su traslado a la cárcel.
En 2019, cuando el caso cumplió 25 años, la familia de Mario Aburto envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que reabriera investigaciones. El mandatario leyó la misiva y aseguró que estaba analizando la reapertura.
Por la mañana de este 28 de octubre, el jefe del Ejecutivo federal declaró que Mario Aburto recibiría protección del Estado si llegara a proporcionar otra perspectiva de los hechos en el caso de Luis Donaldo Colosio, siempre y cuando acreditara amenazas para no declarar “la versión oficial” del asesinato por el que se le imputa.
López Obrador expresó que las declaraciones del llamado “asesino solitario” serían actos de justicia hacia el ex candidato del PRI asesinado en 1994, cuya resolución, expresó, es de interés para el gobierno que preside.
Después de esas declaraciones, la CNDH informó que el prisionero está en buen estado de salud y su familia no había acudido a visitarlo por la lejanía entre Guanajuato y Baja California.
Además, que analiza impugnar la sentencia de 45 años porque espera limpiar su nombre como el de su familia, que juntos han sido perseguidos y criminalizados por cerca de tres décadas.
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