México vive actualmente una crisis de asesinatos de periodistas: en lo que va del año suman nueve casos y, de acuerdo con la organización Artículo 19, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado 1.945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 33 asesinatos y dos desapariciones.
Hace veinte años, en el país no existía ese problema, pero la situación se agudizó con los asesinatos de Francisco Ortiz Franco, en 2004, y Alfredo Jiménez Mota, desaparecido un año después.
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La muerte del primero fue como un parteaguas en el periodismo mexicano, pues supuso la inauguración de un nuevo recurso violento, encabezado por los cárteles del narcotráfico, para acallar a la prensa crítica y veraz.
El 22 de junio de 2004, el cofundador del Semanario Zeta, que a partir de 1980 se había convertido en editor y reportero de dicho medio, sentó a sus dos hijos en la parte trasera de un automóvil azul, y después, mientras se ponía el cinturón, recibió cuatro disparos que en menos de 30 segundos le quitaron la vida.
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Los dos autores intelectuales presuntamente fueron Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, el menor de los hermanos Arellano Félix; y Manuel Arturo Villarreal Heredia, lugarteniente de la organización criminal y sicario al servicio de El Tigrillo. Sin embargo, a pesar de que ambos fueron detenidos y sujetos a proceso en Estados Unidos, ninguno de ellos enfrenta algún proceso judicial por el asesinato del periodista.
Villarreal Heredia fue sentenciado a 30 años de prisión en EEUU por tráfico de drogas, pero desde 2018 sus abogados han interpuesto 17 recursos, ocho amparos indirectos y ocho juicios de amparos de revisión. Actualmente se encuentra recluido en la prisión federal Sandstone en Minnesota por sus nexos con el cártel de los Arellano Félix.
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Francisco Javier, por su parte, fue sentenciado inicialmente a cadena perpetua, pero en 2014, tras declararse culpable de lavado de dinero y crimen organizado, el capo redujo su condena y pasó de la cadena perpetua a 23 años de cárcel. Presuntamente habría proporcionado información útil sobre la operación interna de la organización y los métodos de los cárteles mexicanos desplegados en EEUU.
El año de su asesinato Francisco Ortiz había escrito varias publicaciones en las que revelaba detalles sobre las operaciones de los Arellano Félix. Sus últimos dos reportajes se publicaron en abril y mayo de ese año. Uno de ellos se tituló Asociación de Osiel Cárdenas con los Arellano. Fuga de película: Los Zetas desmoronaron control y vigilancia y Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF.
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En el primer reportaje evidenció, con material inédito, el poder corruptor de los Arellano Félix y las razones detrás del asesinato del entonces subprocurador Rodolfo Delgado Neri, quien se había negado a corromperse. El segundo trabajo, y por el cual se sospecha que tomaron la decisión de matarlo, se expusieron los nombres y las fotografías de 27 miembros de los Arellano Félix, acreditados como policías ministeriales del Estado.
La entonces Procuraduría General de Justicia abrió el expediente 132/04/201, donde señaló al Cártel de Tijuana como el principal sospechoso del crimen contra el periodista. Sin embargo, poco menos de veinte años después sus probables homicidas siguen impunes por la muerte de Francisco Ortiz Franco.
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En octubre de 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó al gobierno de México “su deber de poner fin a la ausencia de justicia” que rodea los asesinatos de periodistas, entre ellos el de Ortiz Franco, y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que otorgue recursos suficientes para ello.
Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de esclarecer más de 136 crímenes contra periodistas ocurridos en las últimas dos décadas, agregó, antes de indicar que la falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad, restringen la libertad de expresión y de prensa.
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La SIP recordó que, por la falta de justicia, sometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de desaparición o asesinato de cinco periodistas, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco, Víctor Manuel Oropeza, Héctor Félix Miranda y Benjamín Flores González, los cuales se hallan en diferentes etapas procesales.
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