La Fiscalía de Puebla obtuvo vinculación a proceso contra nueve policías estatales por el asesinato de tres pobladores indígenas de Coyomeapan, entre ellos un menor de edad, además, por las lesiones de cuatro habitantes más, tras ser emboscados en Zoquitlán.
A casi un mes de los hechos, la fiscalía local informó que el juez analizó los datos de prueba para procesar a Alberto N, Carlos N, Bernabé N, José Javier N, Luis Antonio N, Jesús N, Moisés N, Jonathan Iván N y Abdo Israel N.
De acuerdo con la dependencia ministerial, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron imputados por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia y daño en propiedad ajena doloso.
Pasaron más de dos semanas para que las autoridades analizaran una presunta ejecución extrajudicial en que se señala la participación de las llamadas guardias blancas, es decir, una colusión entre sicarios contratados por actores políticos y los policías poblanos.
De acuerdo con los pobladores, fueron atacados de manera arbitraria cuando pasaban a bordo de una camioneta por un paraje denominado Cobatzalco del municipio de Zoquitlán el pasado 9 de mayo. En ese punto fue abandonada una camioneta tipo patrulla, además de los cuerpos sin vida de los tres indígenas nahuas.
Teófilo Barrera Herrera, de 24 años, recibió un disparo a quemarropa en el abdomen, mientras que Marcelo Carrera Reyes, de 45, fue asesinado de un balazo en el pecho. Mientras que Omar Herrera Raymundo, de 15 años, murió desangrado en un hospital de Tehuacán tras recibir un impacto en el muslo y una herida de navaja le abrió la zona inguinal.
Inicialmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla había indicado que se trató de un enfrentamiento, por lo que los uniformados repelieron la agresión, pero los pobladores acusaron una emboscada arbitraria.
Según la Organización Mundial Contra la Tortura, una ejecución extrajudicial se comete cuando alguien que ocupa un cargo público asesina de manera deliberada a una persona sin un proceso judicial.
Las privaciones de la vida de forma arbitraria pueden ser cometida por milicias o los llamados escuadrones de la muerte, además de otros agentes contra quienes están en la oposición política, activistas o grupos marginalizados.
De ahí que integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acudieron la semana pasada a Tehuacán para escuchar las denuncias de los pobladores de Coyomeapan.
De acuerdo con reportes locales, integrantes de la Guardia Nacional que arribaron a la zona reconocieron que los policías estatales abrieron fuego contra la población indígena y actuaron como primeros respondientes en el caso. Aunque las autoridades estatales quisieron tergiversar que los uniformados habían sido retenidos.
Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, no informó de manera inmediata sobre el ataque. Incluso cuando se pronunció al respecto, solo mencionó dos personas sin vida y la policía estatal habló de siete personas heridas. En realidad, eran alrededor de 15 personas que viajaban de regreso a casa tras acudir a una fiesta patronal en Ixtaxochitla.
Las personas atacadas conformaban parte de una organización de resistencia civil que se opone al cacicazgo político de la familia Celestino, quien ha gobernado el municipio en la última década.
Aunque previamente se había quejado de la falta de orden, porque desde las elecciones de junio de 2021 el municipio está tomado y no se permite ejercer a Rodolfo García, esposo de Araceli Celestino.
Las explicaciones locales señalan que todo se ha querido reducir a conflictos políticos entre Antorcha Campesina y el alcalde del Partido del Trabajo que, a su vez, pertenece a la corriente política que ha mantenido el poder de una facción a otra.
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