Un hombre identificado como José Alberto González Ugarte, fue sentenciado a 22 años de cárcel luego de que se acreditara su participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral de un menor de edad.
De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el hoy preso, mantenía trabajando a un menor de 14 años en la capital de la entidad, Toluca, sin que la víctima recibiera un pago.
Según la información oficial, los hechos habrían ocurrido en 2015, año en el que el sentenciado obligó al menor a vender diferentes productos en las calles toluqueñas, con la promesa de pagarle semanalmente; sin embargo, la remuneración nunca llegó.
Posteriormente la FGJEM recibió la denuncia e inició las investigaciones. Derivado de las indagatorias, José Alberto fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Edomex.
Después de analizar los elementos de prueba, la autoridad judicial determinó sentenciar al acusado con 22 años y seis meses de cárcel, además de que deberá pagar una multa de 66 mil 450 pesos y 66 mil 450 como reparación del daño moral.
La trata y trabajo de adolescentes e infantes en México
Cabe señalar que México es el segundo país en América Latina con más niñas, niños y adolescentes laborando, después de Brasil. Según la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), esa población es de más 3.3 millones.
De ese total, 1.8 millones se encontraban laborando en una “ocupación no permitida”; 1.3 millones desempeñaban quehaceres exclusivamente domésticos “en condiciones no adecuadas” ; además 262 mil realizaban una “ocupación no permitida en condiciones no adecuadas”.
El 31.6% se dedicaban a actividades agrícolas; el 24.5% a la construcción, minería e industria; el 14% al comercio; el 7.9% eran vendedores ambulantes, mientras que el 5.6% realizan servicios personales y el 5.4% al trabajo doméstico. Las entidades federativas que concentran el mayor porcentaje de trabajo infantil son Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí.
Ante tal panorama, a penas a inicios de abril de este año, durante su visita en México, la subsecretaria del Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, anunció la inversión por 28 millones de dólares (mdd) para combatir el trabajo infantil y forzado.
De acuerdo con la subsecretaria Su, se buscarían destinar 5 millones para frenar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y las condiciones laborales que no son óptimas para los trabajadores en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, a través de la Social Accountability International.
Asimismo, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo se impulsaría la creación de un proyecto de 13 mmd para combatir el trabajo infantil en el sur de México, principalmente en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. También se buscará reducir la trata de personas con países de Centroamérica.
A la par, se otorgaría un monto de 10 mmd para la organización Internacional Solidarity Center, con el fin de “fomentar la democracia sindical y fortalecer la representación de los trabajadores”.
En contraste, cabe señalar que a inicios de este 2022 el Senado de la República aprobó una minuta para reformar el artículo 176, fracción II, numeral 8 de la LFT con el fin de legalizar el trabajo de los adolescentes de 15 a 17 años en el sector agrícola (si es que no se ocupa maquinaria pesada), ante lo cual la asociación Save the Children en México se pronunció en contra debido a que se afectaría la integridad de los menores.
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