Exigen a AMLO vetar reforma que permitiría el trabajo de adolescentes en el sector agrícola

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 se registraron 28.5 millones de personas con 5 a 17 años de edad, de los cuales 2.2 millones de ellos se encontraban en la categoria de “población ocupada” es decir, realizando algun tipo de trabajo.

De ellos, poco más del 93%, es decir, 2 mil menores de edad ,realizaban ocupaciones no permitidas. Cabe destacar que de estás cifras, 1.1 millones (4.0%) de adolescentes de 15 a 17 años se encontraban realizando labores peligrosas, entre las cuales destacan las desarrolladas en el sector agrícola.

En medio de este panorama, el pasado 23 de febrero el Senado aprobó una minuta que reforma el artículo 176 fracción II numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo cuyo objetivo es legalizar el trabajo de las y los adolescentes de 15 a 17 años en el sector agrícola, bajo el argumento de permitir crear condiciones laborales en el medio formal.

Ante ello, la asociación Save the Children en México denunció que esto implicaría “un retroceso en la garantía de derechos a las y los adolescentes” puesto que según la misma ONG, carece de mecanismos para garantizar la seguridad e integridad de los menores sino también de la mayoría de las personas que laboran en en el sector agrícola.

A la par, se destacó que la reforma puede significar una violación al compromiso de no derogación de cláusulas de protección establecido en el capítulo 23 del T-MEC, y representar una amenaza al comercio de exportación mexicano.

Cabe destacar que actualmente existe una prohibición del trabajo adolescente en actividades agrícolas, la cual nació en 2012 como resultado de la ratificación de dos Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con Save the Children, esta prohibición se da con el fin de proteger a niña, niños y adolescentes de circunstancias como: la exposición a agroquímicos, largas jornadas laborales, insolación, deshidratación, posturas prolongadas o repetitivas, hacinamiento, informalidad, carencia de seguridad social, pagas menores, falta de servicios de cuidado, carencia en acceso a servicios educativos, de salud, alimentación y agua potable, por mencionar algunos, y que “constituyen un riesgo real para su salud e integridad” denunció la asociación.

Cabe señalar que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 2006 y mediados de 2017 se realizaron 2 mil 557 visitas de inspección a campos agrícolas en los 32 estados del país, donde se encontraron 55 mil 807 irregularidades, la mayoría relacionadas con las condiciones laborales de las y los trabajadores.

Por ello, en 2018 la Secretaría impuso 58.3 millones de pesos en multas, sin obtener grandes resultados.

Aunado a esto se encontró que, en México, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), se usaron en promedio 4.55 toneladas de plaguicidas (fungicidas, herbicidas e insecticidas) por cada 1000 hectáreas entre el año 2009 y 2010. Además solo en 2013 se emplearon 37 mil 455 toneladas de insecticidas; 31mil 195 toneladas de herbicidas y 42 mil 223 toneladas de fungicidas.

Estas cifras resultan alarmantes si se toma en cuenta que 30 de los plaguicidas que fueron usados en México ya estaban prohibidos en diferentes regiones del mundo debido a que diversos estudios señalaron que su uso tenía grandes repercusiones no sólo en los ecosistemas sino también en la salud de las y los agricultores.

Ante ello, la organización Save the Children aseguró que el enfoque de la reforma implentada se centra en la legalización del trabajo adolescente en el sector agrícola, sin proponer mecanismos, recursos y reformas adicionales que garanticen que su incorporación se realice en apego a lo que señala la Ley, priorizando su integridad, seguridad y sano desarrollo.

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