Caso Ayotzinapa: cayó Salvador “N”, presunto líder de una facción de Guerreros Unidos

La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) anunció un nuevo avance en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos: se trata de la detención de un presunto operador del grupo “Guerreros Unidos”.

Según lo informado por el secretario, Ricardo Mejía Berdeja, el imputado, identificado como Salvador “N”, fue detenido el pasado 3 de mayo del 2022 derivado de acciones de diligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en colaboración con la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El sujeto es señalado por ser operador del grupo criminal relacionado con la sustracción de los estudiantes en 2014, además de ser el posible líder del brazo armado de “Los peques”, adscrito a Guerreros Unidos.

De acuerdo con la dependencia, Salvador ya contaba con órdenes de aprehensión previas por delincuencia organizada y desaparición forzada. Además de ser identificado como miembro de una red de extorsión y secuestro en Guerrero.

Actualmente, el presunto criminal se encuentra en espera de ser vinculado a proceso.

Guerreros Unidos es la organización criminal señalada por presuntamente estar detrás de la desaparición y posible asesinato de los estudiantes de Iguala en 2014.

Antes de Salvador “N”, la más reciente detención fue la de Mateo Benítez Palacios, el Gordo, en Iguala - quien habría salido de prisión por la tortura y daños sufridos para que su participación coincidiera con la narrativa de la entonces Procuraduría General de la República y la Agencia de Investigación Criminal que encabezaba el actual prófugo en Israel, Tomás Zerón.

En tanto, el 21 de septiembre, agentes de la FGR abatieron a Juan Salgado Guzmán, el Indio y/o el Calderas, presunto líder de la organización. Esto, tras desatarse un enfrentamiento luego que criminal pusiera resistencia a su segundo arresto.

No obstante, aún con los aseguramientos, las investigaciones de la FGR han registrado importantes retrocesos a más de siete años del suceso - y pese al compromiso del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por ir en contra de la versión oficial y esclarecer los hechos.

El pasado 13 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vio “omisiones” e “inconsistencias” en el informe que el propio ente emitió en 2018 sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Para remendar estos fallos, la CNDH estableció una propia metodología y equipo que evaluara la posible “existencia de omisiones, inconsistencias o extralimitaciones” en “el marco de las investigaciones realizadas” por el ente.

Por ello, el nuevo “Informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días” incluye un enfoque en derechos humanos, un estándar de investigación y un enfoque victimológico.

Entre los resultados que arroja el informe, destacaron: que no hubo un enfoque “diferencial” a la hora de redactar la recomendación o de brindar atención a las víctimas; que los dictámenes de la CNDH se hicieron “en gabinete” y sin acudir al lugar de los hechos y que la aplicación de los protocolos de Estambul tienen “deficiencias” que impidieron documentar las torturas.

El nuevo informe también advierte que la Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una lógica de “investigación ministerial” y sin documentar las violaciones a derechos humanos y que lo hizo “bajo secrecía y con fragmentación” de la información.

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