Policías estatales protestaron y pararon labores por narcoviolencia en Zacatecas

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas realizaron un paro de labores y se manifestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por la narcoviolencia en el territorio.

La principal exigencia de los uniformados fue la formalización de beneficios para sus familias en caso de que pierdan la vida al cumplir sus labores, entre los que se encuentra un “Bono de riesgo mensual”, como se leía en algunas pancartas.

Asimismo, solicitaron la renovación de la licencia colectiva de portación de arma, la cual, señalaron, se encuentra vencida desde hace aproximadamente seis meses, situación que les impide no tener una pistola durante sus patrullajes.

Dichas peticiones se realizaron debido a las diferentes agresiones de las cuales han sido víctimas los policías de esta corporación de seguridad.

Otra de las exigencias de los uniformados fue la destitución inmediata de tres mandos, a quienes acusan de realizar malos tratos y hostigamiento laboral a todo el personal. Se trata de José Aciano Medrano, subsecretario de la Seguridad Pública e Inteligencia; de Israel Reyes García, encargado del despacho de la Policía Estatal Preventiva; y de Lizbeth Takahashi Castañeda, jefa de división de las Fuerzas Estatales.

Según la copia del pliego petitorio que compartieron con medios de comunicación, estos tres personajes fueron culpados de “actuar de manera prepotente y altanera en contra del personal”, además de que “amenazan y hostigan a quien no es a fin a sus intereses”.

Este documento también informó que el personal operativo está inconforme con los mandos, pues consideran que en lugar de combatir la delincuencia, están obligando a los policías a renunciar. Además, los acusaron de ser ex agentes federales que han participado en “actos ilegales”, por lo que, señalaron, ponen en riesgo al resto del personal.

Debido a esta situación, urgieron al secretario de Seguridad Pública de Zacatecas colocar a policías oriundos del estado en esos puestos, ya que, denunciaron, los ex policías federales reciben mayores beneficios.

Adolfo Marín Marín salió a dar la cara y, como una manera de intentar terminar con la manifestación, hizo un llamado para realizar una mesa de diálogo, misma que no tuvo ningún resultado positivo para las exigencias de los policías.

“Yo siempre les he dicho, acérquense porque las puertas están abiertas”, declaró el titular de la dependencia, quien fue interrumpido y acusado de mentiroso porque los manifestantes aseguraron que nunca se encuentra en su oficina.

Después de notar esta negativa al diálogo, el funcionario pidió ser escoltado por la Guardia Nacional (GN) para salir del lugar. El ver esta escena, los manifestantes intensificaron sus gritos y exigieron su destitución por, supuestamente, manejos discrecionales en los recursos en diversos programas de la dependencia.

Finalmente, solicitaron la “reacción, estrategia y acciones contundentes para evitar que el personal operativo de la Policía Estatal sea víctima de atentados por parte de la delincuencia organizada”, así como uniformes y equipo táctico dos veces al año, renovación del equipo de chalecos antibalas, mejor presupuesto para alimentos, y la redistribución de las unidades en estos lugares.

Familiares de los policías asesinados se sumaron a las protestas y acusaron a las autoridades de no ofrecer ningún tipo de apoyo tras la muerte de sus padres, hermanos o hijos. Además, informaron que ninguna autoridad ha querido hablar, mientras que el secretario de seguridad ni siquiera los ha recibido.

Se confirmó que hasta el momento han renunciado al menos 20 elementos debido a la situación de inseguridad que viven por los enfrentamientos o emboscadas por parte del crimen organizado, tal como lo expresaron algunos agentes en activo.

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