
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Cervante Contreras, se deslindó de autorizar contratos de materiales electorales y otros servicios. Afirmó que el OIC participa en la Junta General Ejecutiva como asesora, sin facultades para aprobar acuerdos administrativos: “Tenemos voz, pero no tenemos voto”.
Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados realizada este viernes 30 de octubre, el responsable del OIC sostuvo que la contratación de personal, bienes y servicios dependía de las unidades que solicitaban, tramitaban y formalizaban cada procedimiento dentro del Instituto Nacional Electoral.
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El funcionario afirmó que el órgano podía revisar expedientes, emitir recomendaciones y practicar auditorías para detectar posibles anomalías. No obstante, sostuvo que no daba autorización previa a las contrataciones ni podía impedir, mediante voto, que los acuerdos avanzaran en la Junta General Ejecutiva.
“Nuestra participación en la Junta General Ejecutiva era de carácter de asesor”, señaló en un contexto en el que Guadalupe Taddei, quien fuera presidenta del INE, se viera obligada a renunciar tras el destape de escándalos por presunta corrupción y conflicto de interés en contratos sobre materiales electorales al Instituto.
El OIC rechaza que avalara las contrataciones del INE
Durante la comparecencia, donde diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena plantearon diversos cuestionamientos al titular de la OIC, Víctor Hugo Cervante precisó que el órgano que representa no participaba en la autorización de los contratos, por tanto, no tenía mayores facultades para tomar acción frente a posibles conflictos de interés. Explicó que las unidades administrativas del INE eran las responsables de definir necesidades, integrar procedimientos y formalizar las contrataciones.
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El funcionario rechazó la declaración de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto, el pasado 21 de octubre, donde aseguraba que el OIC daba visto bueno a todas las contrataciones de personal.
“No solo es impreciso, es una mentira. La contratación de personal depende únicamente de las unidades que requieren, que tramitan y que formalizan esa contratación. Nosotros, en nuestro ámbito de competencia, podemos ejecutar una auditoría para detectar las anomalías que se derivaron de esa contratación”, puntualizó.
Sostuvo que su área podía intervenir después mediante auditorías o investigaciones. También podía revisar la veracidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por los servidores públicos involucrados en procedimientos administrativos.
Si un funcionario omitía declarar que era representante legal de una empresa o no informaba una relación que pudiera derivar en conflicto de interés, el OIC podía abrir una investigación por posible ocultamiento, explicó.
Más de 200 recomendaciones sin derecho a voto, OIC llama a fortalecer al INE
Víctor Hugo Cervante señaló que el órgano había emitido más de 200 recomendaciones en la Junta General Ejecutiva, como parte de sus acciones preventivas para advertir riesgos en contrataciones, procedimientos administrativos y operación institucional.
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El funcionario sostuvo que las recomendaciones no sustituían las facultades de decisión de las áreas sustantivas del INE ni las atribuciones de la Junta General Ejecutiva. Señaló que el OIC no podía “estar tapando” o fiscalizando de forma constante los mismos problemas si no se corregía el origen de las irregularidades.
Planteó que el instituto debía impulsar un padrón de integridad empresarial para revisar a proveedores antes de contratarlos. Ese mecanismo, afirmó, permitiría detectar compañías sin capacidad técnica u operativa, así como posibles relaciones de colusión.
La propuesta respondió a cuestionamientos sobre empresas que operaban en el ámbito electoral y que podían tener vínculos con contrataciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
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El titular del órgano planteó que el tema requería una política nacional de regulación en contratación electoral y una estrategia de fiscalización que involucrara a instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos estatales de control.
Acusa que sesión donde se determinó cambio de imagen del INE, fue convocada media hora antes
El responsable del OIC también acusó que la Junta General Ejecutiva, representada en su momento por Guadalupe Taddei, convocaba sesiones con pocas horas de anticipación, una práctica que, aseguró, limitaba la revisión de asuntos por parte de las áreas fiscalizadoras.
“Hay un modo de operación en la Junta General Ejecutiva en la cual, eh, y creo que también la comparten en el Consejo General, que es de citar con unas horas de anticipación”, acusó Hugo Cervante. “Eso le quita margen de acción a cualquier órgano fiscalizador para poder revisar”, continuó.
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“¿Cómo puede ser que se estén aprobando de manera fast track acuerdos de gran relevancia? El cambio de imagen institucional que se aprobó en la Junta General Ejecutiva se aprobó el mismo día en el que su servidor estaba también compareciendo, el 9 de septiembre. Se citó con media hora de anticipación. Es decir, es todo un andamiaje sistémico que debe revolucionarse”, subrayó Victor Hugo Cervante, titular del OIC del INE.
A juicio del titular del OIC, el Consejo General debía revisar el funcionamiento administrativo del Instituto Nacional Electoral. Sostuvo que los avisos de última hora restaban margen de actuación a los órganos que debían vigilar la legalidad y la integridad de los procesos.
Investigaciones sobre contratos permanecían abiertas
Sobre los cuestionamientos a Jonathan Navarrete Torres y Jesús Octavio García González, señalados en investigaciones por presunto peculado, lavado de dinero y conflictos de interés vinculados a su gestión dentro del INE de Guadalupe Taddei, el titular del OIC respondió que los casos formaban parte de investigaciones abiertas y que no podía divulgar diligencias ni identidades adicionales por la reserva legal y el debido proceso.
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El funcionario indicó que el órgano tenía conocimiento de posibles irregularidades difundidas desde mayo de 2025. Añadió que los expedientes habían generado desgloses y nuevas líneas de investigación conforme aparecían otros actores.
Señaló que el OIC se encarga de investigar y sustanciar probables faltas administrativas. Si se determina que una conducta constituye una falta grave, el expediente se turna al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aclaró que el órgano no tenía facultades para investigar delitos ni para realizar tareas de inteligencia financiera.
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