Cuáles son las debilidades del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero

México, durante los últimos años, ha sido duramente criticado por su deficiente combate al lavado de dinero. Tal ha sido su inoperancia, que gobiernos internacionales, como el de Estados Unidos, han generado un registro de las debilidades de la administración federal en este tema.

De acuerdo con el Informe de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR) 2022, la corrupción, los obstáculos colocados por las propias autoridades, así como el revés a algunas legislaciones han sido las causantes de la inoperancia de la administración federal para erradicar este delito.

Las principales debilidades en este combate surgió en octubre de 2017, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el congelamiento de cuentas llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viola las protecciones constitucionales y los derechos al debido proceso. Aunque la institución aún con esta facultad, se debe presentar una solicitud de asistencia jurídica internacional.

Posteriormente, en el mes de noviembre de aquel año, una decisión limitó la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar registros financieros durante procedimientos judiciales. Ahora sólo son admisibles los registros obtenidos por orden judicial.

El informe señaló que las autoridades mexicanas han tenido dificultades para investigar y enjuiciar delitos financieros, ya que estos fallos de 2017 han resultado en desestimaciones de algunos casos. “México ha redactado legislaciones para abordar las preocupaciones del debido proceso citadas por la Corte Suprema y fortalecer la UIF autoridad para congelar cuentas”, se lee en el documento.

Apenas el año pasado, la SCJN, según este registro estadounidense, anuló elementos clave de la ley para el decomiso de activos en 2019, entre los cuales estaba incluida la disposición que permite a los fiscales solicitar una orden de decomiso independientemente para un caso penal.

Sin importar que las autoridades reconozcan el abuso de ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas de cumplimiento han sido afectadas por la corrupción y la falta de capacidad de los funcionarios.

Entre 2018 y 2020, el Poder Judicial Federal informó sobre 31 condenas por este tipo de delitos, cifras que fueron catalogadas como “bajas”, pues demuestran la “capacidad limitada de México para procesar estos delitos”.

La FGR presentó estas denuncias en seis juzgados especiales, mismas que se encuentran pendientes de resolución final. Sin importar el número de jueces adicionales en este asunto en todo el país, no hay ningún caso reportado que haya sido resuelto.

Uno de los métodos más conocidos es el basado en el comercio, el cual implica el uso de ganancias ilícitas en dólares para comprar artículos minoristas con el fin de exportarlos y revenderlos en México o Estados Unidos y así obtener ingresos que serán devueltos a las organizaciones delictivas.

Las autoridades estadounidenses también detectaron, entre otras estrategias, la manipulación de facturas para justificar la transferencia de grandes sumas de dineros al sistema financiero mexicano, a pesar de que una orden ejecutiva promovida en 2019 fortalece las sanciones a los impuestos fraudulentos asociadas con estos procesos ilegales.

Otro medio por el que se desarrolla el lavado de dinero, según el documento, es a través del servicio inmobiliario de lujo, sector que representa especial preocupación por ser uno de los “vehículos” más importantes para el blanqueamiento de recursos obtenidos por la corrupción. También se detectaron otros dos métodos populares: la estructuración de depósitos y las cuentas embudo.

Uno de los pocos avances detectados en el gobierno mexicano es la reducción de las “transacciones espejo” a través de casas de cambio sin licencia, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha generado reglamentos y una unidad especial para evitar el funcionamiento de estos negocios.

Asimismo, hay instituciones que evalúan los riesgos de explotación delictiva en tecnología financiera, incluyendo monedas virtuales como el bitcoin. “Las reglas de diligencia debida del cliente cubren la mayoría de las entidades del sector financiero, incluida las instituciones de tecnología financiera. México ahora regula estas instituciones involucradas en pagos electrónicos, intercambios de activos virtuales y monedas virtuales”, sentenció el informe.

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