Examen de evaluación en Poder Judicial no implicará despidos, aclara Órgano de Administración Judicial ante paro nacional

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aclaró que los exámenes de evaluación a trabajadores del Poder Judicial de la Federación, previstos para diciembre de 2026, no implican despidos ni la pérdida de plazas entre el personal de carrera judicial, ante la convocatoria a un paro nacional en diversas sedes del país.

El OAJ afirmó que la aplicación de estas evaluaciones responde a una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Carta Magna y a las disposiciones establecidas en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial.

A esto sumó que, por el lado de los trabajaodres, la evaluación también forma parte de sus obligaciones legales y constitucionales.

Explicó que su objetivo es revisar las necesidades de capacitación del personal y fortalecer las condiciones de la carrera judicial, aunque no habrá aprobación ni reprobación para las personas evaluadas.

Insisitió en que los resultados tampoco tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia en plazas o su separación y precisó que tampoco serán utilizados como mecanismo para justificar el despido de ningún trabajador.

Comentó que la primera evaluación ordinaria con los efectos contemplados en la legislación aplicable se realizará después de que concluyan las acciones de capacitación correspondientes. El OAJ no plantea que la prueba diagnóstica prevista para diciembre tenga esos efectos legales.

Ante la convocatoria de paro en varias sedes judiciales, el Órgano de Administración Judicial reconoce y respeta la libertad sindical y el derecho de las personas trabajadoras a manifestar sus inconformidades.

El OAJ reiteró su disposición al diálogo frente al paro convocado en sedes judiciales del país; sin embargo, planteó que ese intercambio debe permitir el cumplimiento del mandato constitucional relacionado con la evaluación del desempeño.

¿Por qué los trabajadores convocaron a paro nacional?

El paro nacional del Poder Judicial de la Federación inicia este viernes 6 de noviembre en al menos 22 sedes ubicadas en más de 16 estados, en rechazo al esquema de evaluación de desempeño publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación.

La movilización no comienza de forma simultánea: en Morelos, más de mil trabajadores cierran las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el jueves, mientras que en Ciudad de México empleados de los edificios de San Lázaro y Prisma se suman desde la medianoche.

La protesta alcanza a cerca de 32,000 secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que laboran en más de 900 tribunales y juzgados federales. Entre los estados con paro confirmado se encuentran Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México, el cierre incluye los inmuebles de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

Los trabajadores cuestionan que el modelo no mida el desempeño con criterios objetivos. El examen de conocimientos representa 40% de la calificación, mientras que el 60% restante depende de la valoración de la persona titular del juzgado, la evaluación de compañeros, reportes institucionales y parámetros de productividad y comportamiento.

Los inconformes advierten que este esquema puede dar margen a presiones o represalias laborales, sobre todo porque algunos de los juzgadores encargados de evaluar llegaron recientemente a sus cargos mediante elección popular.

El Sindicato de Trabajadores del PJF llamó a sus integrantes a no inscribirse en el proceso. La Unión Nacional de Trabajadores del PJF sostiene que otorgar esa facultad a los juzgadores podría convertirlos en instrumentos de presión, represalia o persecución laboral.

El calendario prevé la publicación del temario los días 17 y 18 de noviembre. Los exámenes para secretarios serán el 4 de diciembre, para actuarios el 8, y para oficiales los días 14 y 15.

Los resultados se revisarán entre enero y marzo de 2027. Los inconformes también cuestionan que tendrán apenas dos semanas para prepararse sin dejar sus cargas laborales habituales.