
El tesorero de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad fue llamado a comparecer por un juez por el caso de Fernando Charleston Hernandez, antiguo funcionario y colaborador del ex mandatario, quien es acusado de desviar recursos durante el sexenio del priísta.
Tarek Abdalá es requerido como testigo en el proceso que Charleston, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado costero, a quien se le acusa de peculado; esto tras el fallo de un magistrado que determinó no otorgarle un amparo para ausentarse de acudir a las audiencias que solicitan su presencia.
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De acuerdo a las declaraciones de Fernando Charleston, Tarek Abdalá podría haber participado en los delitos de coalición y abuso de autoridad, por los cuales había conseguido diversos amparos que le evitaron presentarse ante un juez.
El ex funcionario cuenta con un trato con la Fiscalía General de la República (FGR) por haber colaborado en el proceso en contra de Javier Duarte de Ochoa, quien recibió una condena de nueve años gracias a las declaraciones y pruebas aportadas por Abdalá.
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Tras haber colaborado con la FGR, se le otorgó un criterio de oportunidad, el cual evita que se le procese por los delitos de asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita, pues fue señalado por haber desviado 55 mil millones de pesos durante el sexenio de Javier Duarte.
La esposa del ex gobernador, Karime Macías Tubilla, denunció ante la FGR al ex tesorero, acusándolo de haber presentado declaraciones falsas ante un juez, pues mintió al exponer la red de desvío de de dinero público de Duarte, la cual involucraba su antigua pareja sentimental.
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Debido al involucramiento del ex funcionario con los delitos que cometió Duarte, se giraron dos órdenes de aprehensión en su contra, las cuales no han sido cumplimentadas por la fiscalía.
El pasado seis de enero, el acusado buscó promover un amparo para eliminar ambas órdenes de aprehensión, las cuales correspondían a los delitos de coalición y abuso de autoridad, pues de los 55 mil millones de pesos que presuntamente desvió, dispuso de 2 mil 300 millones para él y sus colaboradores, dinero que estaba destinado a servicios de salud para los habitantes de Veracruz.
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Por otro lado, también se le acusa de haber retenido 303 millones 915 mil 816 pesos al Sindicato del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, los cuales destinó a la tesorería de gasto público.

Las órdenes de aprehensión en contra del ex funcionario fueron emitidas por jueces de Veracruz en septiembre del 2018, año desde el cual no se han cumplimentado, pues Tarek Abdalá sigue gozando de su libertad.
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En el amparo que solicitó, el acusado aseguró que primero debía ser llamado a una audiencia y posteriormente se debería dictaminar si procede la orden de aprehensión en su contra, pues así lo marca el debido proceso.
Por su parte, la juez Ihali Patricia Armas, requirió de su presencia en el juzgado, debido a que pudo haberse presentado en ocasiones anteriores, pero decidió no hacerlo:
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“Por lo que al haber terminado dicho encargo y en consecuencia dejó de tener fuero, además de conocer de la existencia del expediente de referencia y la calidad que tiene, existía de manera fundada la posibilidad de que se sustrajera de la acción de la justicia dejando imposibilitada a la fiscalía para iniciarle el proceso penal”, señaló la juzgadora.
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