Lorenzo Córdova se reunió con Segob y Seguridad para proteger elecciones de 2022 y Revocación

Titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob) y Seguridad Pública (SSyPC) se reunieron con Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), para definir una ruta de protección en las elecciones estatales de 2022, así como en la Revocación de Mandato.

Al encuentro acudieron el encargado de la política interior en el país, Adán Augusto López, así como la secretaria Rosa Icela Rodríguez, luego de que se reunieran las firmas necesarias para llevar a cabo la consulta sobre la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo federal.

“Se buscará detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones de la delincuencia en el contexto electoral, lo cual incluye reforzar la seguridad en las entidades”, difundieron las autoridades en un comunicado conjunto.

Con la primera cita sobre los comicios, los funcionarios plantean establecer cómo cuidar de la ciudadanía y los candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como las elecciones extraordinarias en diversos municipios.

Con la reunión comenzó la llamada Estrategia de Protección en el Contexto Electoral 2022, mecanismo de coordinación para proteger a quienes busquen un cargo y vigilen la jornada de elecciones, además de la distribución o resguardo de boletas electorales.

También estuvieron presentes el jefe de Oficina del secretario de Gobernación, José Antonio De la Vega Asmitia; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, y el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz en Entidades Federativas y Regiones de la SSPC, Carlos Augusto Morales López.

Previamente, alrededor de las 14:00 horas de este 18 de enero, el INE anunció que las firmas ciudadanas para el proceso de Revocación de Mandato lograron conjuntar el 3% de la lista nominal requerido como mínimo para su realización.

Pues fueron verificadas de manera definitiva a 2 millones 845 mil 634 ciudadanos y ciudadanas, es decir, poco más del cien por ciento (104.23%) de la meta necesaria de 2 millones 758 mil - y a la cual se superó por 87 mil 634 registros.

Lorenzo Córdova explicó que el siguiente pasó será una revisión aleatoria de 850 registros con el objetivo de consignar en domicilio si las personas firmantes respaldaron el ejercicio.

Una vez concluida esta etapa, la Secretaría Ejecutiva presentará un informe al Consejo General con el dictamen definitivo del Registro Federal de Electores; en éste se confirmará que los requisitos fueron cumplidos para finalmente convocar a la Revocación de Mandato.

De esa manera, el Consejo General aprobará y emitirá la convocatoria formal de la Revocación, cuya publicación está programada para el próximo 4 de febrero.

Debido a que la autoridad electoral no había formalizado este último proceso dentro de sus planes obligados, la Segob y la SSyPC esperaron hasta tener elementos más sólidos sobre la realización para planear las estrategias de prevención en los próximos comicios.

Para este año se elegirán menos puestos, pero igual se espera una participación importante y entidades como Tamaulipas o Quintana Roo están en disputas de células delictivas que se prevé, quieran influir para no perder sus pactos locales.

Según informes de la consultoría Etellekt, en el desarrollo de las elecciones de 2021, hubo102 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes y candidatos a distintos cargos.

Del 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio, se registraron un total de 1,066 agresiones en contra de políticos, de los cuales 102 fueron homicidios. De ahí que la violencia se extendió a los 32 estados del país y abarcó 576 municipios (29 ciudades capitales incluidas), lo que representa un aumento de 38% respecto al proceso electoral 2017-2018.

La consultoría destacó que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y aspirantes opositores a los gobiernos de los estados en el 75% de los casos.

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