
José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, no fue amparado por sus denuncias de maltrato y aislamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, debido a que no probó esas acusaciones que también fueron negadas por personal de la cárcel ubicada en Almoloya, Estado de México.
A un año y medio de que fuera detenido por sus operaciones criminales en Guanajuato, el presunto líder huachicolero solicitó protección de la justicia ante abusos que denunció, ha sufrido al interior del reclusorio de máxima seguridad, incluidas segregaciones.
Pero el juzgador del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó no estudiar a fondo el recurso promovido y decidió el sobreseimiento, en la solicitud del líder fundador del Cártel Santa Rosa de Lima.
En específico, el detenido reclamó aislamiento, segregación, tratos crueles e inhumanos, golpes, así como tortura en presuntos daños cometidos contra el orden común y la integridad corporal, según los registros judiciales revisados por Infobae México.

“Reclamo que me tienen aislado del resto de la población, me dejan sin comer, llevó ocho días sin salir al patio, siendo que el resto de los compañeros sí van”, puso el Marro en su demanda.
Añadió que en el horario de llamadas de otros módulos con los suyos, custodios le indican que no puede estar cerca de ningún reo o cualquier persona y debe esperar a que el resto vaya a sus estancias. Igual demandó que se quedó sin salir al patio o sin bajar al comedor, además, se retrasan sus contactos telefónicos.
El amparo fue presentado el 7 de octubre del año pasado y admitido casi una semana después, el día 13 del mismo mes. Los artículos violatorios señalados fueron una docena: 1, 4, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 133. Sobre la resolución final se notificó el 16 de diciembre de 2021.
“El suscrito se encuentra en un pasillo donde sólo estoy yo y tengo dos custodios sentados enfrente de mi celda a metro y medio de la taza del baño, y ahí me están vigilando”, añadió el presunto cabecilla delincuencial.
Previamente, un Tribunal federal aceptó admitir su solicitud sobre malos tratos, pero también sobreseyó la demanda porque según los pases de visita de su abogado como de su familia, se evidenció que tuvo visitas. De ahí que no podía argumentar aislamiento.
Además, fueron incorporadas evaluaciones de salud y psicológicas que lo mostraban en buen estado y por ello, no se podía asegurar que fuera torturado ni golpeado, como acusaba.
Yépez Ortiz fue detenido en una finca del municipio de Juventino Rosas por el Ejército y la Fiscalía de Guanajuato el 2 de agosto de 2020. Cayó junto con ocho de sus operadores y mientras tenían secuestrada a una empresaria de Apaseo el Alto. Sin embargo, la caída del capo no ha representado una disminución de la violencia en el estado.
Inicialmente, el monopolio del robo de hidrocarburos en la entidad estaba en manos de funcionarios corruptos de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes buscaron apoyo en la mafia local a la que pertenecía el Marro.

Al paso de los años, el negocio fue arrebatado de las manos a los operadores de Pemex y así comenzó el empoderamiento del Cártel Santa Rosa de Lima. Las ambiciones de la organización criminal no estaban en el cálculo de los servidores que participaban en el huachicoleo y fueron desplazados, incluso ejecutados por sus presuntos nexos delictivos.
La agrupación tuvo una gran base social que apoyaba en narcobloqueos, así como confrontaciones con la policía y el Ejército para obstruir arrestos. Fue en 2017 cuando el CSRL declaró formalmente la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho y desde entonces ambos bandos han sumido a Guanajuato en un contexto de violencia incesante, con más de ocho mil asesinatos en 2021.
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