Despidos en FGR: por qué 900 funcionarios perderán su empleo

La Fiscalía General de la República (FGR) despedirá al menos a 900 agentes en todo el país y casi la mitad serán aquellos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por razones de austeridad y reestructuración en la dependencia.

En los oficios solo se señalaron motivos presupuestales de forma general, pero fuentes federales han explicado a La Jornada que esta medida busca disminuir renta de oficinas, además de transferir la sede de la institución a instalaciones que anteriormente ocupaba la Policía Federal en la carretera libre México-Toluca.

Además, mandos de la FGR dijeron al mismo medio que los principales afectados serán personas que en la década pasada fueron considerados como funcionarios del Servicio Civil de Carrera, de ahí que sea posible su despido.

Presuntamente se trataría de 400 elementos que se han desempeñado en la AIC y el resto serán peritos, funcionarios del Ministerio Público Federal, así como empleados de confianza.

Mientras tanto, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero no ha ofrecido una aclaración sobre el caso, pese a ser consultada por este medio y muchos otros más. Uno de los afectados incluso señaló que serían hasta mil 200 agentes los que serán dados de baja.

Sobre el Servicio Civil de Carrera y la notificación del despido ha circulado un video donde se hace referencia al asunto. El agente del Ministerio Público fue notificado por una licenciada y alrededor había hasta cuatro sujetos como testigos.

“Si en un momento dado usted tiene conocimiento qué es el Servicio Civil de Carrera y nos debe notificar a nosotros los funcionarios”, intenta cuestionar el empleado.

Pero previamente le había sido negado que grabara lo que se le informaba de ese momento en unas oficinas de la FGR. Él explicaba que solo trataba de recolectar evidencia sobre lo que estaba ocurriendo.

Se le insistió en que las personas que le rodeaban solo fungían como testigos de asistencia de la notificación. Al no poder captar la situación el agente decidió retirarse pero fue alcanzado para que quedara clara la razón de haberlo citado.

“Están aquí los testigos de asistencia con los cuales se da usted por enterado de la notificación que por este día se da por terminada y concluida su relación laboral con la institución”, se le indicó en un tono elevado por la tensión.

También ha circulado otra grabación difundida por alguien que se presentó como Juan Manuel Grimaldo Cruz, agente del Ministerio Público y adscrito al área de Secuestros de Delincuencia Organizada.

Este funcionario explicó que se le llamó para informarle el pasado 29 de diciembre que sería separado del cargo pero sin especificarle motivos. Añadió que junto con sus compañeros los han corrido de manera indiscriminada.

“Las cosas se han hecho de manera totalmente violatoria de Derechos Humanos”, denunció en el video difundido por redes sociales.

Añadió que el oficio recibido estaba firmado por el licenciado Guillermo Terán Pulido. Según el testimonio, ese documento carece de la fundamentación debida y la persona no cuenta con facultades para expedirlo.

“Le hago un llamado a usted señor, Gertz Manero, que ponga atención en ese sentido, debe de tener usted conocimiento en el tema”, exhortó al fiscal general de la república.

Iván Chávez, abogado y presidente de la organización Uniformados AC, acusó que fue notificado de las bajas por Rodolfo Valverde, a quien nombró delegado de la FGR. De ahí que hizo un llamado a los trabajadores para comenzar una defensa legal ante el anuncio de que su plaza será reprimida.

“No vayan a caer en ese juego de que firmen su renuncia, el dinero que se merecen por los años de servicio, ya hicimos la cuenta y lo que les están ofreciendo no es acorde con lo que establece la Constitución”, advirtió al momento de sugerir promover amparos el pasado 28 de diciembre.

Supuestamente se obligaría a los agentes a firmar su despido y aceptar el monto ofrecido, porque es inevitable que sigan trabajando en la institución. Las denuncias destacan que no habría oportunidad de que los agentes sean oídos ni puedan defenderse en áreas administrativas.

Pero ante los amparos, será un juzgado el que decida en lo inmediato si se mantiene el empleo hasta que el resto de las autoridades de la misma instancia decidan abordar el caso. También se ha sugerido que los funcionarios serán sustituidos por militares.

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