Funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recibieron la negativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la suspensión solicitada el pasado mes de noviembre en contra del tope salarial que impide a cualquier empleado del sector público ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Esta decisión representa la primera negativa de la SCJN en contra de cualquier suspensión de esta índole, ya que en el pasado habían autorizado a distintos organismos mantener los sueldos previo a la implementación de la Ley Federal de Remuneraciones, misma que fue anunciada en 2019 a través de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEG).
Por esta misma razón, el IFT podrá solicitar un recurso de reclamación para revertir la decisión, ya que hay precedentes donde sí se ha otorgado la suspensión del tope salarial con motivo de no afectar la remuneración en servidores públicos, como son el caso de Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quienes mantienen se mantienen como órganos constitucionalmente autónomos.
La suspensión fue solicitada luego del anuncio del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2022; sin embargo, fue desestimada luego de que las ministras que integran la Comisión de Receso, Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, votaran de manera dividida la resolución.
Por un lado, Esquivel Mossa se posicionó en contra; mientras que Ríos-Farjat dio luz verde a la suspensión, por lo que la decisión se declinó a favor de la ministra con mayor tiempo de antigüedad, en este caso Yasmín Esquivel, como marca la reglamentación en caso de empate.
“Debió otorgarse la suspensión solicitada, ya que, si bien la Comisión de Receso cuenta con amplias facultades para acordar los asuntos de su conocimiento”, afirmó la ministra Ríos-Farjat. “Considero que debe darse una deferencia al ministro o la ministra instructora en casos que guardan conexidad con el presente asunto”.
El pasado 26 de noviembre se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Tribunal Constitucional de la Primera Sala, había aprobado una suspensión al tope salarial establecido en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP); sin embargo, esta quedó anulada tras la decisión tomada por la Comisión de Receso.
La LFRSP entró en vigor el pasado 20 de mayo de 2021, y estableció como tope salarial los 111,990 pesos mensuales, cantidad percibida por el titular del Ejecutivo Federal, con motivo de sus políticas de austeridad republicana.
65 funcionarios del IFT son los principales afectados por esta ley, quienes a falta de un probable recurso de reclamación, no podrán seguir percibiendo los salarios que gozaban hasta 2018, en el último año de mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con su sitio oficial, el IFT tiene por objeto el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Asimismo, se encarga de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México.
El encono generado entre la administración federal actual con los órganos descentralizados van más allá de la reducción salarial de sus directivos, ya que en reiteradas ocasiones la 4T ha atentado contra estas instituciones.
Adicionalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es una de las instituciones autónomas que sufrirán un recorte sustancial dentro del Paquete Económico 2022 presentado por Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica.
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