Por una infancia libre de violencia sin importar la nacionalidad: MC propuso proteger a niños migrantes

Taygete Rodríguez, diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de menores que ejerzan su derecho a la movilidad y evitar que sean víctimas de violencia.

Para materializar dicho objetivo, la diputada presentó la reforma a cuatro artículos y adicionar el 1 Bis en la LGDNNA. Pretende especificar que dicha ley sea de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren en territorio nacional con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia o migratoria.

También planteó incluir como uno de los principios rectores el acceso a una vida libre de cualquier forma de violencia y a la integridad personal, además de establecer que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a tomar las medidas necesarias de protección integral, que incluyan la sensibilización y la prevención.

Asimismo, la reforma hace hincapié en la detección precoz, la protección, atención, sanción y la reparación del daño en los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados. Esto en virtud de garantizar los derechos fundamentales de este demográfico a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, para asegurar el libre desarrollo de su personalidad.

A detalle, se estipula que la violencia familiar será entendida como el “acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual entre los miembros de una familia en cualquier grado”, y declara que esto afecta al infante si estos actos se producen ante la presencia de algún menor a 18 años.

Considera que el deber del Estado es proteger a la niñez, derecho que no puede estar limitado a los niños de nacionalidad mexicana, porque todos los menores que estén en territorio nacional deben gozar de la protección de las leyes, sin considerar su nacionalidad o situación administrativa.

Finalmente, Rodríguez González dijo que es necesario que el Estado ponga énfasis adicional en garantizar una vida libre de todas las formas de violencia a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

El gobierno de México no es ajeno a los fenómenos de migración, pues al compartir frontera con Estados Unidos (EEUU), la república mexicana es uno de los principales pasos para que tanto mexicanos como centroamericanos lleguen a territorio estadounidense para mejorar sus condiciones de vida.

Realizar la travesía de cruzar México se ha convertido en una actividad de sumo peligro para las y los ciudadanos que ejercen su derecho al libre tránsito, pues se enfrentan a traficantes de personas que se dedican a transportarlos en condiciones infrahumanas.

Aunado a esto, la delincuencia organizada, caminos accidentados, incidentes de cualquier tipo y la geografía del país hacen que un número indeterminado de personas pierdan la vida en su búsqueda del llamado “sueño americano”, donde las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables.

Recientemente, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades mexicanas que se investigue el accidente en el que murieron 56 migrantes el pasado 9 de diciembre en Chiapas.

“Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación sobre los hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familiares”, expresó en rueda de prensa Ravina Shamdasani, vocera de la ONU en México.

Shamdasani subrayó su preocupación por el incremento incesante de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, y en especial por el gran número de menores que se ven obligados a emprender este viaje para llegar a EEUU.

Por su cuenta, la organización Save The Children reportó que la movilidad de niñas y niños migrantes menores de 12 años en México se multiplicó por seis en 2021, al pasar de 4,985 en 2020 a 32,309, algo que se podría atribuir al avance del combate mundial a la pandemia de COVID-19.

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