El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) y Tojil realizaron una investigación en conjunto, donde se dedicaron a analizar y evaluar el desempeño de las 29 Fiscalías Anticorrupción locales de las entidades federativas de México, donde obtuvieron una imagen amplia y detallada de cómo se combate a la corrupción y la impunidad en la república.
Los resultados que lanzó el estudio proporcionan datos que apuntalan que en algunos estados existe una carencia de un diseño institucional adecuado, así como de recursos y capital humano suficiente para su operación.
Tojil es una organización sin fines de lucro integrada principalmente por abogadas que combaten la impunidad. Asimismo, se dedican al desarrollo de políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia. Mientras que el Imco cuenta con numerosos estudios publicados por su Centro de Investigación en Política Pública que han realizado varias recomendaciones desde su fundación.
Para la elaboración de este sondeo, ambas instituciones mexicanas recibieron ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), quien avaló lo publicado en el portal del Imco.
De entre los más relevantes que señala la investigación es que son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción, pues del total de las investigaciones iniciadas en las fiscalías anticorrupción de México, sólo ocho entidades reportaron la judicialización del más del 5% de ellas.
Este dato se señala de los casos reportados entre enero del 2019 y el 31 de mayo del 2020. Aunado a esto, los dos registros más altos fueron dos fiscalías que obtuvieron una judicialización del 10% y 13% respecto a la judicialización, lo cual sigue siendo muy bajo.
Otro dato que destacaron fue que las fiscalías carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
El fiscal anticorrupción fue nombrado directamente por el fiscal estatal en 10 entidades, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.
Únicamente Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz reportaron que el presupuesto de la fiscalía anticorrupción se asigna de manera independiente a la fiscalía estatal, lo cual permite asegurar la asignación de recursos y su correcta operación, y ayuda a prevenir la interferencia de intereses particulares en la planeación y ejecución de acciones.
Entre 2019 y 2020, solo en Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, los ministerios públicos, policías y peritos recibieron capacitación especializada para el combate y prevención de la corrupción.
Señalaron a los estados de Guerrero, Colima y San Luis Potosí como los que menos cuentan con Ministerios Públicos sin que exista una justificación en términos de extensión territorial o población, lo cual limita el acceso a la justicia de la población y satura y concentra el trabajo de los trabajadores del sector.
Únicamente 10 Fiscalías Anticorrupción reportaron contar con peritos en la institución y 16 con policías de investigación.
Como datos positivos dijeron que 26 Fiscalías Anticorrupción cuentan con medios para denunciar. De estos, 18 estados reportaron contar con tres o más medios para interponer denuncias por hechos de corrupción.
Las fiscalías anticorrupción en Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas cuentan con convenios de colaboración con otras instituciones a nivel local y federal para realizar investigaciones en materia de corrupción.
En virtud de mejorar el sistema anticorrupción de las fiscalías locales, el Imco y Tojil propusieron garantizar la autonomía de estas dependencias, promover la recuperación de activos y bienes, impulsar la colaboración interinstitucional y generar planes de persecución penal especializados en la materia.
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