Organizaciones civiles exigen al gobierno de Nuevo León liberar recursos adeudados desde 2025

Organizaciones civiles de Nuevo León advirtieron sobre la falta de entrega de recursos públicos comprometidos desde 2025 y reclamaron al gobierno estatal el cumplimiento de la ley, así como certeza presupuestal para el ciclo 2026. A siete meses de iniciado el año, la exigencia se dirige principalmente a la Secretaría de Igualdad e Inclusión y a la Tesorería estatal, responsables de liberar el financiamiento asignado a las organizaciones de la sociedad civil.

El monto pendiente corresponde a los fondos etiquetados en el Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que para 2025 asciende a 229,459,934 pesos y cuya cifra, según las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se mantiene para el ejercicio 2026 por reconducción presupuestal.

En el estado operan 633 donatarias autorizadas, lo que coloca a Nuevo León en cuarto lugar a nivel nacional, con una plantilla laboral superior a 21 mil personas y una capacidad de intervención que suma cerca de 63 millones de apoyos otorgados en diferentes proyectos y servicios.

OSC pide certeza jurídica y financiera

Por su parte, en uno de sus pronunciamientos, el Consejo Cívico hizo un llamado a las autoridades responsables “para que cumplan con la entrega de los recursos comprometidos a las organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León durante el 2025, en concordancia con lo establecido en la Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada”.

El colectivo remarcó que el cumplimiento de estos pagos no solo es una obligación legal, sino una medida que favorece la atención pública a problemas complejos.

“Solicitamos a la Secretaría de Igualdad e Inclusión a regularizar la situación del 2025 con prontitud, transparencia y certeza para las organizaciones beneficiarias”, planteó el Consejo Cívico. La organización agrega que estos recursos permiten fortalecer la colaboración entre autoridades y sociedad civil, y que su entrega envía “una señal clara sobre el valor que el Estado otorga a la participación de actores que fortalecen la implementación de políticas públicas”.

Duplicidad de requisitos y reclamo de transparencia

Las organizaciones también expresan inconformidad ante solicitudes recientes de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, que pidió anexar de nuevo documentación comprobatoria de los recursos recibidos en el periodo 2021–2026. Consejo Cívico advierte: “Las organizaciones de la sociedad civil estamos comprometidas con la transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se reciben, sin embargo, manifestamos nuestra inconformidad ante esta solicitud, a fin de no orillar a la sociedad civil a duplicar esfuerzos ya cumplidos”.

Este proceso, apuntan, implica la repetición de trámites y requisitos que ya fueron satisfechos conforme a los procedimientos de comprobación establecidos en ejercicios anteriores. La exigencia es evitar cargas administrativas innecesarias y mantener la confianza en la gestión pública.

Exigencia de cumplimiento y reglas claras

El reclamo central se sintetiza en la petición de concluir la entrega de los recursos asignados y comprometidos para 2025, así como avanzar en la asignación de los correspondientes a 2026, conforme a la legislación y reglas de operación vigentes. Las organizaciones firmantes sostienen que el respeto a estos compromisos es necesario para garantizar la continuidad de servicios y el acceso a derechos de miles de personas en el estado.