Al menos 34 operadores de Morena participaron en la “Operación carrusel”, la cual estuvo encabezada por el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alejandro Esquer, los participantes fueron recompensados con cargos públicos en la actual administración.
Fue entre septiembre de 2017 y marzo de 2018 que dichos operadores sacaron a través de cheques de caja, más de 42 millones de pesos en efectivo provenientes de un fideicomiso para damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, el cual presuntamente fue usado para actividades proselitistas de Morena.
De acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al inicio del sexenio de López Obrador los operadores fueron integrados a la nómina federal, a 30 de ellos se les dio un lugar en la Secretaría del Bienestar, dos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno más en la oficina de la Presidencia de la República.
El “carrusel” consistió en que Alejandro Esquer junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos con una diferencia de 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme.
En este “carrusel” se buscaba sumar un millón 400 mil pesos en efectivo, la idea era formarse en la fila, hacer el depósito y casi de inmediato regresaban a formarse para depositar a la cuenta la siguiente cantidad.
Tras la realización de los depósitos, la mayor parte del dinero fue extraído mediante cheques de caja por los operadores del partido guinda y no por los damnificados, como debió de haber sido.
Asimismo, entre los militantes morenistas que recibieron dinero del fideicomiso del sismo, cuatro fueron colocados como súper delegados de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Puebla mientras que cinco más son subdelegados, otros once ocupan cargos de jerarquía, como directores de área, subdirectores o jefes de departamento, y 14 desempeñan cargos operativos.
Algunos de los involucrados son: Rodrigo Abdalá Dartigues, ex diputado federal de Morena, César Addi Sánchez Salinas, José Manuel Vera Salgado, Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, José Antonio Aguilar Castillejos, Óscar Mejía García y Michelle Joselin Alcántara Bautista.
Según MCCI: “Guillermo Genaro Polanco García, quien según el Instituto Nacional Electoral (INE) cobró 3.1 millones de pesos del fideicomiso mediante cinco cheques de caja, fue hasta el pasado 31 de agosto el delegado de programas sociales en Nayarit.”
De igual forma, se le acusó de usar credenciales de elector de beneficiarios de los programas gubernamentales con otro fin.
Por otra parte, José Antonio Aguilar Castillejos, otro de los operadores que participó en el esquema de depósitos hormiga fue nombrado súper delegado en Chiapas desde el 1 de diciembre de 2018.
De acuerdo con MCCI, en octubre de 2019, la extitular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval informó que nueve delegados eran investigados por mal uso de los programas sociales que estaban a su cargo, entre ellos, los de Chiapas y Puebla, Aguilar y Abdala.
Fue la la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determinó que incurrieron en promoción personalizada con el “uso indebido de recursos públicos, al hacer campaña a favor del presidente con el reparto de programas.”
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