Los periodistas en México viven en un entorno hostil y violento. Aunado a eso, las amenazas contra este grupo de profesionales se convierten en una constante. La última de ellas ocurrió bajo el sello del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se plantó ante una cámara y amenazó de muerte a la prensa mexicana, el pasado mes de agosto. El interlocutor —representando a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG— nombró a los diarios Milenio, El Universal, Televisa y a la comunicadora, Azucena Uresti.
El mensaje, en el que los supuestos sicarios pedían una cobertura justa, inundó en minutos las redes sociales y avivó el debate sobre la protección de la prensa en México.
En un informe presentado en la 77ª Asamblea General Virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advierte que desde a mediados de 1980 hasta la fecha han sido asesinados 200 periodistas en el país.
En este año han sido ejecutados comunicadores de Sinaloa, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Michoacán y Veracruz.
El 3 de mayo fue encontrado el cuerpo de Benjamín Morales Hernández, de 50 años, fundador y director de la página de información en línea Noticias Xonoidag. Sus restos fueron hallados al borde de una carretera entre Caborca y Sonoyta, municipios de Sonora, cerca de la frontera con EE.UU.
El 17 junio fue asesinado a balazos Gustavo Sánchez Cabrera en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. El director del medio digital Noticias Minuto a Minuto había sobrevivido a un ataque armado en julio de 2020. Había denunciado que recibía amenazas de muerte debido a su trabajo.
El 22 junio fue ejecutado Saúl Tijerina Rentería, en Ciudad Acuña, Coahuila. Era reportero en dos páginas de noticias en Facebook: Noticias en la Web y La Voz de Coahuila, operador de un dron para el sitio Policíaca Acuña y trabajaba en una empresa maquiladora.
El 19 de julio fue asesinado Abraham Mendoza, en Morelia, Michoacán. Conducía el programa informativo Observatorio en la emisora de la Universidad Vasco de Quiroga, Uve Radio. También era locutor de radio de la estación EXA Morelia y conductor de la revista informativa VocesRadio.
El 22 julio le fue arrebatada la vida a Ricardo López Domínguez, en el estacionamiento donde lo citaron para recoger un pago por publicidad. Había sido víctima de múltiples agresiones digitales y fue desplazado por seguridad tras denunciar una campaña de desprestigio en su contra.
El 4 de noviembre de 2020, mientras trabajaba en InfoGuaymas, el periodista denunció en un video a la policía municipal de Guaymas de crear cuentas falsas para atacar y desprestigiar a los medios, y responsabilizó al director de Seguridad Pública de Guaymas por lo que pudiera ocurrirle.
El 19 agosto fue asesinado Jacinto Romero Flores. Le dispararon en reiteradas ocasiones mientras circulaba sobre el bulevar Reforma, en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Era locutor de Ori Stereo y del programa Radio Ixtac Online. Había sido amenazado.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creció un 88% el número de personas que se incorporaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que evidencia un incremento de la violencia en el país.
En ese entorno, existe algo más preocupante: la intolerancia del gobierno a la prensa mexicana. Según la SIP, López Obrador no cesa en sus críticas y descalificaciones contra la prensa. El pasado 30 de junio, durante las mañaneras inauguró un segmento titulado Quién es quién en las noticias, que más que aclarar lo que considera noticias falsas, es usado para criticar a medios y periodistas.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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