México ha dado un nuevo paso en el camino de desencuentros entre la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según reveló la cadena de televisión estadounidense CNN, se ha registrado un retraso en la emisión de visas para los agentes de la DEA.
Funcionarios estadounidenses dijeron al canal de noticias que el trámite —que dura aproximadamente un mes— se ha prolongado por medio año. Esto dificulta el trabajo de los informantes en la lucha contra las drogas.
El retardo ya ha afectado a una veintena de representantes de la DEA, por lo que esta Agencia ha extendido la estadía de los elementos que ya se encontraban en México.
Estados Unidos mantiene a agentes de la DEA desde hace casi un siglo, cuando el país norteamericano comenzó a privilegiar la guerra contra las drogas como el núcleo de su política de seguridad. En 1985 uno de ellos llegó al país mexicano, pero nunca salió de él. Enrique Kiki Camarena, de entonces 37 años, trabajaba desde hace once años en la Operación Padrino, para detener el tráfico de cocaína de México a EEUU.
De acuerdo con los reportes de la DEA, éste funcionario estadounidense logró desmantelar con sus investigaciones una gigantesca plantación de marihuana en el rancho El Búfalo, localizado en el estado fronterizo de Chihuahua, y que perteneció al legendario capo, Rafael Caro Quintero.
El hallazgo hizo enfurecer al narco mexicano, quien presuntamente ordenó su secuestro y asesinato. Por el crimen, la DEA sigue persiguiendo a Caro Quintero —que quedó libre en 2013, tras un polémico fallo en los tribunales.
La relación entre México y la DEA ha estado marcada por las sorpresas; sin embargo, pocas veces como la detención del general Salvador Cienfuegos, quien estaba acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Su captura ocurrió hace un año, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
Cienfuegos fue repatriado a México en noviembre del 2020, con la promesa de seguir su proceso judicial en el país. No obstante, a principios de este año fue exonerado de todo delito. El gobierno mexicano argumentó su decisión asegurando que la DEA había “fabricado delitos”, pues el patrimonio del general y titular de la Sedena era normal y no coincidía con su presunta actividad criminal.
Los expertos y estudiosos en seguridad, sin embargo, advirtieron que las acusaciones contra Cienfuegos derribaban la imagen que López Obrador había construido sobre el Ejército.
Mike Vigil —agente de la DEA durante 31 años, 12 de ellos en México— expresó que era ridículo el argumento de la administración mexicana, pues cada investigación hecha por la Agencia Antidrogas es revisada por la fiscalía de EEUU.
Para Vigil, la acción de liberar a Cienfuegos es una burla al sistema jurídico de Estados Unidos, que pasa años haciendo una investigación de ese calibre.
En diciembre del 2020, el caso de Cienfuegos también motivó a el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a enviar un proyecto a los senadores para modificar la ley de seguridad nacional y regular la presencia de agentes extranjeros en México para que actúen en el marco de la cooperación bilateral.
La DEA tiene cinco oficinas regionales en México con al menos 50 empleados de base; pero también es común que empleen a decenas de agentes “informales”, quienes por los regular son personas mexicanas.
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