Luis Videgaray, quien desempeñara dos puestos en el gabinete de Enrique Peña Nieto, inició acciones en contra de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quienes lo inhabilitaron para desempeñar funciones públicas.
Fue en junio de 2021 cuando la SFP reveló la inhabilitación a Videgaray, quien no podría ocupar ningún cargo público durante un periodo de 10 años debido a que se acreditó la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público.
Además, la Función Pública explicó que dicha decisión fue determinada el 11 de mayo pasado, pero por cuestiones de los comicios del 6 de junio, y por la veda electoral, no había sido anunciada, aunque ya se le había notificado a Videgaray.
Sin embargo, la periodista Laura Sánchez Ley informó a través del diario Milenio que el ex funcionario mexicano logró detener la inhabilitación por medio de un proceso de defensa que fue reservado hasta por un año.
La confirmación, añadió la comunicadora, se logró a través del Tribunal de Justicia Administrativa, donde se indicó que fue el 3 de agosto de 2021 cuando Luis Videgaray obtuvo la suspensión a las acciones de la SFP.
Apenas 20 días después de haberse hecho público el comunicado, Videgaray presentó un juicio de nulidad para dejar sin efectos la decisión, de acuerdo con la información del diario de circulación nacional.
Sánchez Ley confirmó también que el Tribunal de Justicia Administrativa concedió la suspensión definitiva para la inhabilitación, por lo que se quedará sin efectos hasta que se resuelva dicho expediente.
Además, consideraron que la SFP deberá clasificar la información hasta septiembre de 2022, a lo largo de todo un año, luego de considerar que su expediente podría “afectar la esfera personal y jurídica del involucrado y se protegería la conducción del debido proceso, y el principio de presunción de inocencia”.
Dicha impugnación fue advertida por el mismo Luis Videgaray, quien aseguró a través de sus redes sociales oficiales que impugnaría la resolución por la vía institucional, “con pleno respeto a la SFP) y sin litigar el asunto en medios de comunicación o redes sociales.
“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador”, señaló el ex funcionario.
La investigación en contra de Luis Videgaray
Desde la Secretaría de la Función Pública se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades”, informa el texto.
El señalamiento fue hecho en la audiencia judicial en la que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, acusado de ser uno de los legisladores que recibió estos sobornos, derivados de los pagos ilegales realizados por la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con Animal Político.
La imputación deriva de la denuncia que presentó en agosto del año pasado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien también está implicado en la presunta trama de corrupción, pero al ser testigo colaborador de la Fiscalía, se encuentra en libertad.
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