Clasificado por un año: cómo Luis Videgaray detuvo la inhabilitación de la SFP

Luis Videgaray, ex secretario federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, logró detener la suspensión que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública (SFP), misma que fue aplicada por una supuesta falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales durante el tiempo que se desempeñó como funcionario público.

Y es que la dependencia que estaba a cargo de Irma Eréndira Sandoval había promovió la inhabilitación del ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) del sexenio anterior por su posible inconsistencia entre los bienes que posee en relación a su salario.

La amonestación de la SFP es independiente de otras investigaciones que pueda tener el ex secretario; sin embargo, aportaba algo de legitimidad a los expedientes que pudiera tener en otras dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR) y sólo aplicaba para el ejercicio de cargos públicos, es decir, relacionados con el gobierno.

La suspensión fue ratificada en mayo de este año; sin embargo, por motivos de la veda electoral, no se dio a conocer sino hasta junio, pues la difusión de dicho acontecimiento podría comprometer el sentido del voto, ya que Luis Videgaray fue una de las máximas figuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la administración peñista.

Posteriormente, una nota de Grupo Milenio informó que el ex miembro del gabinete presidencial logró detener dicha inhabilitación en un proceso que se llevó a cabo en el Tribunal de Justicia Administrativa Federal (TJAF).

De acuerdo con lo referido por la nota firmada por Laura Sánchez Ley, el 30 de julio, Videgaray inició el proceso 16052/21-17-13-6, radicado en el tribunal administrativo. Y el 3 de agosto, cuatro días después, la autoridad otorgó la suspensión de la inhabilitación.

Sin embargo, lo más relevante de la nota es que el expediente quedará clasificado por un año, ya que se podrá consultar hasta septiembre del 2022, ya que en la solicitud de transparencia se especifica: “salvaguardar la imagen de la persona involucrada”.

Cabe recordar que las pesquisas de la SFP no han sido concluyentes, pues en caso de poder validar la inconsistencia patrimonial, la fiscalía de Alejandro Gertz Manero poseería los elementos para procesar al ex secretario de Peña Nieto en virtud de una investigación por enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de fondos o cualquier otro delito relacionado con corrupción.

De acuerdo con Función Pública, las inconsistencias patrimoniales de Videgaray Caso podrían estar relacionadas con el caso de la compra fraudulenta de Agronitrogenados, una productora de fertilizante que fue adquirida por Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo un esquema corrupto.

Esto porque la adquisición de la compañía se realizó a sobreprecio, generando una afectación a Pemex de USD 216.6 millones (4,295,178,000 pesos mexicanos aproximadamente). De acuerdo con las investigaciones de la FGR, este caso implica también a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) y una posible colusión con Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

La persecución y castigo a la corrupción ha sido una de las principales banderas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que el seguimiento puntual de los casos contra los presuntos involucrados en actos de enriquecimiento a costas del erario han sido prioritarios para la llamada 4T; sin embargo, tras la extradición de Lozoya Austin a México, las autoridades mexicanas no han realizado detenciones posteriores.

También se debe de ponderar que Lozoya está apelando, en su defensa, al criterio de oportunidad, el cual permite una reducción de su sentencia en virtud de señalar a funcionarios de mayor rango que él.

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