Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, determinó que los 244 millones de pesos que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico utilizó de 2014 a 2019 están amparados en la legalidad, por lo que los 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) operaron bajo las reglas previstas por la ley, según estipuló.
En días pasados la Fiscalía General de la República emitió la solicitud de 31 órdenes de aprehensión en contra de académicos denunciados por el Conacyt a causa del presupuesto que han utilizado en nombre de la investigación científica y tecnológica pero, según señaló la directora de la institución Álvarez-Buylla; ha sido utilizado para solventar gastos lujosos, tales como un inmueble de primera categoría en Coyoacán, entre servicios de banquetes y transporte de primera clase.
El juez señaló que el FCCyT ha operado bajo las reglas previstas por la ley, y según su resolución, misma que surgió de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de los numerales 22 y 24 del Estatuto Orgánico del Conacyt, no hay motivo para llevar a cabo dichas órdenes de aprehensión en contra de los académicos.
“De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía (General de la República) en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente”, estipula la resolución.
Por su parte la Fiscalía General de la República decidió que no apelaría a la decisión del juez federal, sin embargo, sí mantendrá abierta la indagatoria en su contra, misma que podría proceder en cualquier momento. Así que, según señalaron, la resolución del juez Gregorio Salazar, no implica cerrar el caso de presunta corrupción por parte de los 31 académicos e investigadores del Conacyt.
De igual forma, autoridades judiciales aseguraron que no existe un plazo límite para que el Ministerio Público resuelva si el caso se cierra o no. Además de que está en sus facultades el ejercer acción penal cuando así lo considere. Cabe señalar que cualquier solicitud que vuelva a realizarse en ese sentido, ya sea ante el mismo juez o ante otro, será revisada tal como ocurrió en estos casos previos.
El juez sólo analizó el tema referente al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y a partir de ello resolvió que se debe negar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía; misma que sentenció que apelará promoviendo todos los recursos necesarios para defender los intereses de la Federación frente a los delitos de carácter patrimonial.
En días previos el presidente López Obrador también tomó postura al respecto, y señaló que dicho grupo era predilecto de regímenes neoliberales previos a su administración, por lo que puntualizó: “¿Vamos a cubrir a las élites ya sea de la ciencia, de la intelectualidad, élites económicas o aplicamos el combate (a la corrupción) parejo?” cuestionó el mandatario hacia la población. “Que se investigue y si hay corrupción que se castigue…”
Por su parte, Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina calificó la acción de la FGR como un “exceso” y aunque desconoció en qué consistían las acusaciones, puntualizó que no debería tratarse como delincuencia organizada.
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