En la conferencia matutina, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernacion (Segob), informó que Israel Vallarta no se beneficiará del decreto presidencial de política carcelaria.
El funcionario precisó que, a pesar que Vallarta fue víctima de tortura acreditadas por el dictamen del Protocolo de Estambul en el caso que también involucró a la francesa, Florence Cassez, aún tiene un proceso abierto en el cual no se ha acreditado la tortura ni violación al protocolo de Estambul.
Cabe recordar que los cuatro presuntos delitos que se le imputan a Israel son: secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo del ejército y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército.
Estos delitos se están llevando a través de dos causas penales. La Segob planteó una estrategia al Sr. Vallarta y su defensa para que al menos una de esas causas se resolviera y él pudiera recobrar su libertad (aunque no fuera absuelto por la justicia mexicana).
De igual manera, es importante precisar que uno de los elementos más escandalosos del caso fue el montaje televisivo del arresto, narrado por Loret de Mola y transmitido por el programa Primero Noticias. En pantallas de todo el país se transmitió una escenificación de la aprehensión aún cuando ambos ya llevaban horas secuestrados por las autoridades de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGR).
La postura de Loret de Mola ante lo sucedido ha sido la de negar su participación en el montaje. “Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje” ha sido la constante excusa del conductor de noticieros.
Y, a pesar que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha arremetido en diversas ocasiones contra el montaje para delegitimar las críticas que el periodista hace a su gobierno, la declaración de Adán Agusto fue otro detonante para que Loret se defendiera ante las acusaciones del tabasqueño.
Este caso surgió como parte de las interrogantes por el avance del Decreto Presidencial para beneficiar a víctimas de tortuta, adultos mayores, enfermos, indígenas y presos que llevan dos años o más sin sentencia.
Durante la conferencia matutina, el titular de la Segob anunció que actualmente se cuentan con 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas en revisión, mismos que, anunció, ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Por otro lado, señaló que Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Segob y los gobiernos estatales han venido trabajando de manera coordinada para “hacer realidad un acto de justicia”, indicó el exgobernador de Tabasco.
“Confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad”, expresó en el encuentro.
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