Con 290 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones, y después de un debate legislativo prolongado, la Cámara de diputados expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato tras aprobados los artículos reservados en términos del proyecto de decreto.
Alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), los legisladores al interior del Palacio de San Lázaro y los que siguieron la sesión ordinaria vía remota emitieron su voto de manera variada, donde la llamada oposición parlamentaria quiso impedir la aprobación de la Revocación de Mandato por no coincidir en algunos artículos que definirían, de acuerdo con ellos, el sentido del peso de dicho proceso.
No obstante, la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados (PT y PES) fueron suficiente para aprobar la ley sin hacer las modificaciones solicitadas por la posición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cabe destacar que derivado de un conato de tensiones establecido entre las bancadas del Partido del Trabajo (PT) con el PAN, el quehacer legislativo se vio atrasado durante varios minutos, pues las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña hicieron exaltar a diversos miembros del blanquiazul en sus curules y esto dio pie a numerosas descalificaciones, pues a la par de que Acción Nacional contestó a los señalamientos del secretario de la Comisión de Energía, tanto morenistas como petistas replicaron al partido de oposición.
Antes de pasar al debate legislativo sobre los artículos reservados en términos del proyecto de decreto, las y los diputados habían aprobado en lo general el dictamen de ley con una amplia mayoría, pues se emitieron 491 manifestaciones a favor, una abstención y una en contra.
No obstante quedaban pendientes la especificidad de la aplicación de la revocación, la cual, de acuerdo con la oposición, se trataba de una herramienta más para Andrés Manuel López Obrador par legitimar su gobierno.
Mientras que los promotores de la 4T aseguraron que la negativa de la facción contraria se debe a que este instrumento no les va a servir para sacar a López Obrador de Palacio Nacional, por eso intentan “sabotear” el proceso.
“Se los dijo Reginaldo Sandoval; les damos una herramienta democrática para que puedan deponer al compañero presidente y la patean porque no les sirve, y siguen intrigando y haciendo todo su trabajo, buscando tirar a la mala”, aseguró Gerardo Fernández Noroña, del PT, durante una de sus intervenciones.
“Quisieran un golpe de Estado, quisieran un golpe blando, quisieran torcer la ley y que el Poder Judicial los ayudará para quitar de la Presidencia de la República, a un hombre probo, honesto, comprometido, serio, consecuente, que ama al pueblo, por más que les moleste”, agregó para remarcar el supuesto talante antidemocrático con el que el PAN, PRI y PRD quieren dañar a AMLO.
La revocación de mandato podría resultar vinculante y tener como consecuencia retirar al presidente en funciones si el 40% del padrón electoral participa en la consulta y si dos terceras partes de los participantes determina que el jefe del ejecutivo federal debe de abandonar su cargo, así se realizará.
La lista nominal registrada en el Instituto Nacional Electoral (INE) es de 93,671,697 personas, esto quiere decir que para que el resultado de la consulta sea vinculante, se requiere una asistencia mínima de 37,468,678 ciudadanos, de los cuales, 24,979,120 deberán votar para que se retire al mandatario nacional.
En caso de que esto ocurra, el legislativo federal establecerá un gobierno provisional que convocará a nuevas elecciones para definir un nuevo titular del ejecutivo. Cabe destacar que el proceso que se planea para marzo del año que viene, será la primera vez que se realiza en México, con lo cual se abre paso a una nueva forma de representación democrática en la república.
Sin embargo, Fernández Noroña aseguró que como la oposición no ve viable que la ciudadanía desplace a AMLO, ahora intentan manipular el proyecto de decreto. Para el final de la sesión, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pasó el decreto al ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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