Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) reafirmó sancionar a Movimiento Ciudadano (MC) con 28 millones de pesos, el partido naranja anunció este sábado que impugnará dicha resolución ante el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y es que el INE aprobó multar a MC por por presuntas aportaciones económicas de familiares del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, en beneficio de su campaña.
A través de un comunicado, Movimiento Ciudadano acusó que el INE no realizó una investigación exhaustiva sobre las aportaciones que recibió García Sepúlveda mientras era el candidato del partido para la gubernatura. Incluso, aseguraron que en todo momento se actuó de buena fe, apegado a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El partido naranja también criticó que la el monto de la multa se fijó sin fundamentos y sin explicar de qué manera se cometió una violación a los lineamientos electorales.
Este 3 de septiembre, el Consejo General del órgano confirmó la sanción de 28 millones 53 mil pesos al partido al afirmar que Samuel García recibió recursos por parte de las personas morales Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C; Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C; y, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.
Estas empresas están vinculadas con la madre y los hermanos del gobernador electo.
“Existe certeza de que la triangulación de recursos se tradujo en la obtención de más de 14 millones de pesos por el partido político”, indicó ayer la consejera Carla Humphrey.
De acuerdo con diario Milenio, desde noviembre de 2020, los familiares de Samuel García, e incluso, él mismo, comenzaron a realizar depósitos millonarios a MC que hasta abril de 2021 sumaron 17.8 millones de pesos, de los cuales, se comprobó que 14 millones fueron aportados directamente a la campaña, luego de que el partido los hiciera pasar por donativos en especie de proveedores de espectaculares.
El pasado 25 de agosto, el TEPJF revocó la primera resolución con la que el INE sancionó a Movimiento Ciudadano, pues las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ordenaron complementara la investigación sobre dichas aportaciones privadas porque no requirió a todos los involucrados y no se pronunció por el monto total aportado. Dio 15 días hábiles al INE para que emitiera una nueva resolución
“En primer lugar, [en el INE] razonaron que se acreditó una falta de debida diligencia en el ejercicio de sus facultades de investigación del INE al no haber requerido a todos los sujetos involucrados (familiares y personas morales). En este sentido, advirtieron que la autoridad llegó a una conclusión sin haber conocido la versión de los hechos de todos los que supuestamente participaron en las aportaciones. En segundo término, concluyeron que el Consejo General del INE únicamente se pronunció sobre una parte del monto aportado y su destino a la campaña del candidato, pero no del total”, detalló el Tribunal.
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