El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a todos los mexicanos a participar en la consulta popular del próximo 1 de agosto, en donde se preguntará sobre el juicio a ex presidentes mexicanos del periodo neoliberal; además llamó a a no “tenerle miedo al pueblo”.
“Que salgan (a emitir su opinión en la consulta popular)... Que salgan a participar, a ejercer sus derechos, que libremente se decida y no tenerle miedo al pueblo, la gente está muy consciente y en México es en lo que más se ha avanzado , hay mucha conciencia ciudadana, el pueblo esta muy politizado, pero es algo que no se ve porque no son cuestiones materiales, pero eso es muy importante el cambio de mentalidad”, señaló el mandatario México.
“Es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere”, fue la primera conclusión a la que llegó la Revisión de la Constitucionalidad de la Materia de Consulta Popular 1/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, antes de llegar a ese resultado, las y los ministros tuvieron que hacer modificaciones al proyecto de consulta presentado originalmente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La pregunta central de la consulta que se planteó desde el ejecutivo era: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Uno de los principales problemas que la SCJN encontró con esta pregunta es que ponía a votación de la mayoría si las “autoridades competentes”, como fiscalías de investigación y policías, debían o no cumplir con una obligación constitucional, que es garantizar y proteger los derechos humanos de las personas, entre ellos, el acceso a la justicia.
En otras palabras, el proyecto presentado por López Obrador enumera una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de antiguos representantes del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la obligación de las autoridades competentes es investigar estos hechos y hacer justicia, en cumplimiento del derecho de las víctimas para acceder a la justicia. Por lo tanto, lo que la pregunta del mandatario estaba poniendo en duda era si las autoridades debían o no cumplir con su obligación de investigar y dar sentencia los delitos señalados para dar reparación a las personas ofendidas.
Ponía en duda el derecho humano de las víctimas a la justicia y la reparación de los daños.
México entró en la recta final de campaña de la inédita y polémica consulta popular del 1 de agosto sobre enjuiciar a los expresidentes del país por corrupción y otros delitos, cuyos impulsores tienen el enorme reto de lograr una participación del 40 % para que sea vinculante.
“La mayoría de la gente es receptiva y está dispuesta a participar en esta consulta con todo el ánimo. Algunos dicen que los metan a la cárcel, que devuelvan todo lo robado, que paguen”, comentó a Efe Narciso Monsiváis, ciudadano que promueve el referendo en el norte de Ciudad de México.
La consulta popular del próximo domingo, la primera de la historia de México a nivel nacional, fue convocada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
Sin embargo, el presidente dice que no votará para no fomentar la “venganza”, por lo que la campaña está en manos de asociaciones ciudadanas vinculadas a su partido izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“El tema central es que rindan cuentas ante la Justicia mexicana por los crímenes de lesa humanidad, el endeudamiento histórico y la cantidad de desplazados por la supuesta guerra del narcotráfico”, explicó Monsiváis mientras sus compañeros repartían folletos a la entrada del metro.
Lo cierto es que la pregunta no deja muy claro qué ocurrirá en caso de imponerse el “Sí”, y se desconoce si el Gobierno denunciará a los exmandatarios o creará comisiones de la verdad para resarcir a las víctimas.
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