Este martes, reportes revelaron que existen acusaciones en contra de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de cohecho y corrupción.
De acuerdo con el periodista de la nota roja Carlos Jiménez, existen “interminables” denuncias donde se acusa al personal de la dependencia de solicitar y recibir dinero para resolver trámites que, por ley, deberían ser gratuitos.
“Como respuesta, se creó una ley violatoria de derechos humanos que le da facultades a Asuntos Internos, a cargo de José Gerardo Huerta Alcalá, para suspender al personal sustantivo sin un mínimo estándar probatorio, por varios meses, quitándoles el 70% del salario”, señaló el reportero.
Presuntamente Huerta Alcalá exige cuotas a sus empleados en la Fiscalía: el área dirigida por él es señalada por pedir dinero a cambio de no suspender a funcionarios bajo investigación. Si no pagan son suspendidos, sin pruebas y sin el 70% de su sueldo.
En mayo, información obtenida por Milenio reveló que durante los primeros seis meses de operación de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía se iniciaron más de 1,500 carpetas de investigación contra sus servidores públicos por casos vinculados a actos ilegales o de corrupción.
No obstante, ninguna ha derivado en alguna destitución o sanción.
En el 2019, José Gerardo Huerta Alcalá fue acusado de amenazar y maltratar a funcionarios públicos. “Desde que llegó lo hizo amenazando y amedrentando a todos. Como dice que viene recomendado por gente cercana al Gobierno central y al secretario de seguridad, Jesús Orta, abusa de su poder y maltrata a todos”, declaró un funcionario en el 2019 a ContraRéplica.
En enero se reportó que durante el segundo año de gestión de la autonombrada Cuarta Transformación (4T) la corrupción se redujo en México. De acuerdo con la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el país mejoró en dos puntos su calificación respecto al año 2019, por lo que pasó de 29 a 31 puntos, mismos que lo posicionan seis lugares arriba respecto al informe anterior, logrando superar el peldaño 130 para colocarse en el 124.
A pesar de este avance, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al ubicarse en la última posición de las 37 naciones que la integran.
“Aunque estos datos muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014”, indicó el documento oficial emitido por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
Los primeros lugares del IPC fueron ocupados por Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos cada uno; seguidos por Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos, todos empatados en la posición dos. Mientras que en los últimos lugares se ubican Yemen (15 puntos), Siria (14 puntos) y finalmente Sudán del Sur y Somalia, ambos con 12 puntos.
Varios son los temas que llamaron la atención para la evaluación del país en temas de corrupción. Por ejemplo, aquellos que cuentan con falta de sanciones a pesar de ser del conocimiento de la opinión pública luego de ser revelados por diferentes investigaciones periodísticas.
La institución Transparencia Nacional, informó en 2020 que durante el periodo entre 2016 y 2019, ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucraron a empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en el país. “El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”, sentenció.
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