La creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) que establece, entre otros aspectos, incluir los datos biométricos de las personas usuarias de este servicio, es invasivo a la privacidad, por lo que hay optimismo en que la Suprema Corte le ponga freno, aseguró el comisionado del Instituto de Transparencia mexicano, Francisco Javier Acuña Llamas.
“Yo quiero demostrar, como parte de un Pleno, optimismo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya a ponerle freno al desaguisado en términos de la mala construcción. Yo no niego que cabe que se haga un registro”, indicó Acuña Llamas este martes, al participar en la mesa redonda Datos Biométricos de la Telefonía Celular.
Pero, acotó, “desde luego que es conveniente o indispensable, siempre y cuando solo se comprometan los datos que pudieran merecer una identificación o una consideración para identificar al usuario, pero no en un término tan invasivo a la privacidad, como en este caso puede resultar esta desproporción”.
Acuña Llamas señaló que el Estado mexicano puede implementar medidas de emergencia para hacer frente a problemas como el de la inseguridad pública, sin embargo, dijo que lo que no se debe hacer es desnaturalizar las funciones constitucionales encomendadas a organismos como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Nosotros no estamos negando que el Estado mexicano pueda, desgraciadamente ante una incapacidad para resolver la inseguridad pública y peor aun la que se ha venido normalizando como inseguridad violenta en zonas enormes del Estado, casi en todo el Estado mexicano incluso y que haya mecanismos de emergencia, claro que cabe, pero el asunto es que no se puede desnaturalizar la esencia de las funciones constitucionales […] al INAI le tocan unas competencias y al IFT otras”, aseveró.
Al respecto, el comisionado Acuña Llamas destacó que el INAI es la máxima autoridad administrativa en la protección de datos personales, y es la única autoridad habilitada y legitimada para defender los datos entre particulares y, con motivo de este padrón que se está generando como un deber inexcusable, hay una triangulación entre los datos personales, además de sanciones muy delicadas como la incomunicación o la pérdida de un servicio vital en estos momentos.
Asimismo, apuntó que el Congreso mexicano estableció que se van a recabar datos biométricos sin precisar cuáles. Además de que se deja abierto a que sean autoridades policiacas de cualquier orden, ministeriales o incluso administrativas, lo que “genera una alarma porque se vuelve una base de datos peligrosísima que puede ser utilizada para ejercer medidas policiacas, de persecución y de instigación social”, advirtió.

Por su parte, la senadora del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política del país, manifestó en la misma reunión que el PANAUT es una reforma a la ley que “nació muerta” y criticó a sus pares promotores de la norma, quienes argumentaron que, si los datos biométricos ya obran en poder de los bancos, podrían también formar parte del padrón.
“Que se den el lujo de pedirte tus (datos) biométricos, tu iris, la forma de tu cara, es un exceso para poder conseguir una línea telefónica y se viola el principio de presunción de inocencia”, argumentó la senadora.
“Porque en el momento en que un (agente del) Ministerio Público o la Fiscalía acceda a tus datos personales simplemente porque hay un celular que está a tu nombre que está involucrado en un delito o si te asaltaron […] ya te están involucrando en un posible delito sin el consentimiento de un juez, eso es muy grave”, acotó la legisladora.
La moderación de la mesa redonda, convocada por el Centro de Enseñanza Jonia, estuvo a cargo de Sofía Gómez Ruano, integrante del Comité Editorial de la Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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