El próximo 1 de agosto, las y los mexicanos tendrán la oportunidad de decidir, mediante una consulta popular, si los escándalos de corrupción y violencia de los que han sido partícipes los ex presidentes deberán o no ser juzgados.
Algunos de los ex mandatarios que el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que serán sometidos a ella son: Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Debido al silencio que éste útlimo ha guardado respecto al ejercicio y ante la fecha cada vez más cercana de este “juicio”, el actor, Damián Alcázar, hizo mofa al ex mandatario exhortandolo a declarar al respecto, al menos, “que diga que es ‘persecusión política’.
“Que diga que es ‘Persecución Política’ pero que ya diga algo! No creo que se le haya ido el internet a @FelipeCalderon, debería de usarlo ahorita que puede! En la cárcel no tendrá acceso y el 1 de agosto está muy cerca”, escribió en su cuenta de Twitter.
Cabe resaltar que Felipe Calderón tampoco se ha expresado sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) durante su administración y quien recibió numerosas condecoraciones por el mismo Calderón, así como de organismos internacionales como un elemento de excelencia para la protección ciudadana..
El pasado 17 de junio, el Gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del “periodo neoliberal” que propuso López Obrador.
La consulta ha despertado críticas por su costo, que en un principio se estimaba en mil 500 millones de pesos aunque ahora, con ajustes, sería de 890 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero el órgano electoral ha denunciado que la Secretaría de Hacienda recortó 870 millones de pesos a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, y esta consulta.
Por ello, reasignará recursos originalmente destinados a otras tareas para organizar la consulta popular sobre investigación a ex presidentes, una decisión que se tomó luego que el recurso interpuesto para recibir presupuesto extra fuera infundado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, el pasado domingo el opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional) aseguró que “es legal y legítimo” que en la consulta popular del próximo 1 de agosto, donde se preguntara si se deben enjuiciar a actores políticos del pasado incluidos ex presidentes, la ciudadanía opine sobre el manejo de COVID-19 y la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
En un comunicado, la bancada priista en la Cámara de Diputados señaló que son temas que forman parte de decisiones políticas tomadas en el pasado y que deben esclarecerse para garantizar justicia y salvaguardar los derechos de posibles víctimas.
Con esta finalidad, propusieron los legisladores tricolores mediante un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que el Poder Legislativo haga un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en las papeletas de la consulta popular se incluyan, en el espacio reservado a la descripción del tema de trascendencia nacional, estos dos asuntos.
El PRI anticipó que la pregunta de la consulta no define un periodo específico, por tanto, en una interpretación de la ley cabe la posibilidad de abarcar actos políticos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador además de sus antecesores, como Enrique Peña Nieto (2012-2018), Felipe Calderón (2006-2012), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Vicente Fox (2000-2006).
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